La presunción de inocencia es un principio general del derecho que puede ser invocado por cualquier persona puesta en causa.
A la hora de alegar a favor de otro, o por sí mismo, a partir de esta premisa se puede echar mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sin duda elevará el reclamo a un rango general, pero hay un gran paraguas local que en estos tiempos de constitucionalización del derecho puede ser muy útil: la Constitución de la República.
En efecto, en su artículo 69, sobre tutela judicial efectiva y debido proceso, numeral 3, advierte sobre el derecho de toda persona encausada a que se presuma su inocencia y a que se le trate como tal.
Entre nosotros la investigación por parte del Ministerio Público es una sentencia casi firme para la opinión pública; si llega a producirse la imputación de un hecho grave, nada la borra aunque los tribunales de justicia declaren la inocencia, no importa en el grado que sea.
La condena
Conocedores del peso de este rasgo, que le da a una investigación el peso de una condena, en el ámbito público pueden llegar a producirse filtraciones desde que se tiene información cierta de la investigación en un órgano, una entidad o una institución del Estado, como ocurre ahora con la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, en la que tiene lugar una investigación que por lo visto ha sido puesta en conocimiento de la opinión pública antes de que haya concluido.
Esto ha causado el disgusto de la procuradora Miriam Germán Brito, que por su extensa carrera en la judicatura es muy consciente de la importancia de los procedimientos y de lo que significa para cualquier investigado.
