Las irregularidades cometidas por los implicados en la estructura del caso Camaleón, que operaba en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fueron diseñadas para favorecer con contratos a las empresas vinculadas a la red de corrupción encabezada por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados incurrieron en manipulación contable, coalición de funcionarios y falsedad intelectual en documentos públicos, con el objetivo de desviar fondos estatales en beneficio del entramado empresarial controlado por Jochi Gómez.
Cada uno de los involucrados en la organización de corrupción del caso Camaleón tenía un rol específico. José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) fue el beneficiario real de los contratos fraudulentos celebrados con Transcore Latam S.R.L., Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L.
A través de su empresa Aurix S.A.S., Gómez Canaán controló de forma fraudulenta los sistemas semafóricos y de videovigilancia del Intrant, además de introducir equipos de espionaje utilizados durante las elecciones en plena pandemia de COVID-19.
También empleó a PagoRD Xchange S.R.L. y OML Inversiones S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente, en acciones típicas de lavado de activos.
El documento acusatorio indica que Jochi Gómez fue el principal responsable del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo, ocurrido a finales de agosto de 2024, considerado un acto de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.
Asimismo, el expediente señala que Hugo Beras, exdirector ejecutivo del Intrant entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas.
Beras habría sido clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado.
El exfuncionario está acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsedad ideológica y coalición de funcionarios, entre otros delitos, siendo señalado como el principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia.
Por su parte, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant, participó activamente en la adjudicación irregular de contratos que favorecieron a las empresas de la estructura corrupta. También intervino en la manipulación de licitaciones y en decisiones que beneficiaron a los investigados.
El imputado Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant y encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos.
Además, Baquero Sepúlveda falsificó una certificación en la que afirmaba que el Intrant había recibido de forma completa los bienes y servicios de Transcore Latam S.R.L., con el fin de justificar un desembolso de pago. Su participación comprometió la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos.
El acusado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero del Intrant, emitió una certificación falsa en la que aseguraba que la institución contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación.
Sin embargo, los fondos no fueron solicitados hasta mayo de 2023 ni recibidos hasta julio, lo que demuestra que el proceso se inició sin respaldo financiero.
Asimismo, el exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, Pedro Vinicio Padovani Báez, socio y prestanombre de Gómez Canaán en Transcore Latam S.R.L., fue clave en el manejo y supervisión del centro de control.
Tras su renuncia, colaboró directamente con las actividades fraudulentas de esa empresa. Participó en el fraude de la licitación pública nacional del Intrant, en esquemas de lavado de activos, sabotaje a la red semafórica y actos de terrorismo contra infraestructuras del Estado.
En la red de lavado de activos también figura Carlos José Peguero Vargas, socio de Gómez Canaán, quien movilizó fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando recursos adjudicados a Transcore Latam S.R.L. Mientras Transcore manejaba la parte técnica y de vigilancia, Peguero Vargas se encargaba de la estructura financiera ilícita.
Asimismo, el expediente señala a Mariano Gustini Ponce y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes formales de PagoRD Xchange S.R.L.**, como testaferros de Jochi Gómez. Bajo su administración nominal, la empresa habría sustraído cientos de millones de pesos correspondientes a tasas e impuestos recaudados por el Intrant, que no fueron transferidos a las cuentas institucionales.
Desde esas cuentas, se realizaron transferencias directas a Gómez Canaán y sus compañías vinculadas, además de la compra de bienes inmuebles de lujo, configurando delitos de lavado de activos y estafa contra el Estado y asociación de malhechores.
Por último, Henry Darío Féliz Casso, colaborador y asistente personal de Gómez Canaán, fungió como intermediario financiero en las operaciones de desvío y lavado de fondos públicos. Movilizó grandes sumas sin respaldo económico ni comercial, actuando en nombre de su jefe y entregándole los recursos sustraídos.
El Ministerio Público acusa al grupo del caso Camaleón de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, sabotaje a la red semafórica, terrorismo contra infraestructuras críticas del país, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, enriquecimiento ilícito entre otros delitos.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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