La elección del 40 % de mujeres: un avance histórico en la representación

La elección del 40 % de mujeres: un avance histórico en la representación

La elección del 40 % de mujeres: un avance histórico en la representación

El jueves 29 de agosto, la Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género que coordina la miembro titular Patricia Lorenzo Paniagua, realizó la presentación del “Monitoreo de Cobertura Electoral con Perspectiva de Género en las Elecciones Presidenciales y Congresuales”, un evento que tuvo como objetivo analizar cómo se ha abordado la participación de las mujeres en las elecciones de 2024.

Este monitoreo se centró en evaluar la presencia de sesgos, estereotipos y cualquier forma de violencia política en los medios de comunicación y en las redes sociales, con el fin de establecer una base para futuras acciones que promuevan la igualdad de género.

Durante el evento, se dio a conocer un informe detallado que reveló un panorama mixto. Por un lado, se han logrado avances en la visibilidad y el respeto hacia las mujeres en la política; por otro, persisten barreras significativas que impiden su plena participación en igualdad de condiciones.

Un avance destacado fue el incremento en la representación femenina: por primera vez, tras las elecciones de 2024, la República Dominicana alcanzó un 40 % de representación femenina en los niveles plurinominales: vocalías, regidurías y diputaciones.

Este logro no sólo subraya el compromiso de las organizaciones políticas con la equidad de género, sino que también refleja los cambios culturales y el impacto de las políticas de igualdad impulsadas por la JCE.

Este aumento en la representación femenina se aproxima a la medida afirmativa dispuesta por la normativa electoral, que exige que las postulaciones partidistas no tengan menos del 40 % ni más del 60 % de un género.

Es decir, en las elecciones de 2024, el porcentaje de mujeres postuladas coincidió casi exactamente con el porcentaje de mujeres electas, lo que representa un hito en el largo camino hacia la equidad de género.

En su discurso durante la presentación del monitoreo, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, destacó la importancia de la defensa y el compromiso por la igualdad de los órganos jurisdiccionales.

Refirió que, en 2019, cuando se discutía la contradicción normativa entre la Ley 33-18 y la Ley 15-19 sobre la proporción de género, el Tribunal Superior Electoral estableció mediante las sentencias TSE-085-2019 y TSE-091-2019 que la proporción debía interpretarse por demarcación territorial, en lugar del total de postulaciones nacionales. Este criterio fue ratificado posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Como una discusión con olor a perfume viejo, una cuestión que parecía ya zanjada volvió a adquirir idéntica relevancia jurídica y política con la promulgación de la Ley 20-23, ya que el legislador decidió obviar la jurisprudencia electoral previa y reinstaurar la proporción de género por el total nacional.

Nos enfrentamos a un funesto retroceso. Pero la JCE, siguiendo el precedente constitucional, reglamentó la aplicación de la proporción de género de manera idéntica a la determinada por el TSE en 2019, favoreciendo una interpretación que beneficiara a las mujeres.

Incluso, en demarcaciones donde no era posible aplicar una proporción exacta, optó por redondear en favor del 40 %, un avance significativo para la postulación y elección de mujeres.

Los escenarios de 2020 y 2024, aunque separados por cuatro años y con decisiones tomadas por órganos diferentes, el TSE y la JCE, comparten un factor clave: la presidencia de Jáquez, lo que destaca su coherencia, firmeza y compromiso con el respeto a los derechos fundamentales como su sello distintivo en la lucha por la igualdad.

En ambos momentos decisivos para la defensa de la equidad de género, desempeñó un papel fundamental liderando, junto a sus pares, los esfuerzos para garantizar una aplicación justa de la normativa sobre la proporción de género. La presentación del Monitoreo fue una muestra de estos avances.

En ella se analizó principalmente la violencia política, que fue acuñada legislativamente en la República Dominicana a partir de la Ley 20-23, la cual la instituye y tipifica como un delito electoral (art. 316.21), también a propuesta de la JCE. Todos estos pasos son parte de lo que Jáquez en su libro Temas Electorales (2021) ha denominado: «un nuevo pacto social por una democracia política paritaria».

*Por Jeorgelina Pamela Méndez