Este es el segundo escrito que hago sobre el tema, y haré todos los que sean necesarios.
Hace unos diez años las Aseguradoras de Riesgos de Salud privadas impugnaron, por ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, el artículo 31 de la Ley 87-01, que establece que SeNaSa tendrá a su cargo a todos los empleados públicos; como si ese órgano tuviera facultad para suspender la ley. Pero lo cierto es que nunca la han cumplido.

Alegan que esa disposición vulnera la libre elección. Pero eso es falso, pues nadie está obligado a ser funcionario público; es una elección libre, que conlleva limitaciones y responsabilidades.

Lo que si vulnera la libre elección es el Artículo Segundo de la Resolución No. 154-2008, emitida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) en el 2008, que obliga a permanecer doce meses con una aseguradora sin poderla cambiar.

La falta de escrúpulos no conoce de coherencia ni moral. Para violar la ley alegan falsamente el “derecho a elegir”, pero para imponer sus intereses violan de manera grosera ese mismo derecho.

Así es que actúan esas empresas, que se hacen llamar aseguradoras de salud, pero que lo único que aseguran son sus jugosos beneficios, incluso violando la ley.

Las ARS´s durante veinte años han aprovechado la debilidad institucional del país y la debilidad humana de los gobernantes, para imponer sus intereses. Pero eso ya debe cambiar.

Ojalá pronto, un tema tan delicado como la salud, deje de ser un instrumento de lucro desmedido de un grupito, y se trate como lo que realmente es: un derecho humano y fundamental.