La deuda pública se define como el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país.
Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público, normalmente mediante emisiones de títulos de valores.
Para el cálculo de la deuda pública sólo se consideran aquellas deudas registradas como tales en el Ministerio de Hacienda, conocidas como la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF).
En amplios espacios pagados, el Banco Central (BCRD) ha confirmado que la sumatoria de las obligaciones del SPNF, y deducido el monto correspondiente a los bonos de recapitalización, arroja como resultado US$18,069.65 millones, que es la deuda total del Sector Público Consolidado (SPC).
Si se proyecta esta deuda al cierre del año 2010, tal y como se expresa en la última carta de intención con el FMI, la deuda total del SPC sería de 37.2% del PIB, unos 0.6 puntos porcentuales por encima del monto registrado al cierre de 2009.
La trivialidad cotidiana permite que se cuestionen los montos de la deuda pública, tal si fuesen elementos de medición de la gestión de un Gobierno. Lo serio es cuestionar el uso del endeudamiento como herramienta de desarrollo.
En los últimos años, la mayor causante del incremento de la deuda es el recurrente financiamiento de los déficits presupuestarios, provocado en gran parte por los déficits del sector eléctrico, obras públicas de utilidad cuestionada por opositores políticos y un elevado nivel de gastos.
El nuevo acuerdo con el FMI evidencia preocupaciones respecto a la deuda pública e impone controles que permitan aumentar los ingresos fiscales, bajar el gasto, y ejecutar una mayor disciplina en la ejecución presupuestaria. Se prevé un año nuevo con mayor control fiscal motivado por un acuerdo que finaliza en febrero del 2012, nueva vez, año de elecciones.
