En el desarrollo de unas elecciones y, especialmente de las campañas electorales, el flujo de información se intensifica exponencialmente, ya que se produce una afluencia significativa de datos que incluye la tentación al uso de prácticas de desinformación, creando un clima de incertidumbre para los votantes y un reto para las autoridades electorales, las cuales se ven obligadas a adoptar planes de contingencia en el ámbito estratégico comunicacional.
En este escenario, la proliferación de las denominadas noticias falsas alrededor de los insumos comunicacionales que genera el propio proceso electoral se constituyen en uno de los mayores desafíos para unas elecciones, incluidas las alusiones fabricadas sobre autoridades electorales y candidatos, todo lo cual exige de ágiles respuestas desde una asertiva estrategia comunicacional institucional, que permita, por un lado, mantener la confianza en quienes gestionan por mandato constitucional las elecciones y, por otro lado, asegurar aspectos centrales que debe revestir todo certamen electoral, como son: integridad, libertad y equidad lo cual, en el caso dominicano, queda expresado en el artículo 212 de nuestra Carta Magna.
En esta línea de ideas es preciso indicar que una aproximación conceptual dentro del ecosistema de la desinformación en los procesos electorales se refiere a una diversidad de informaciones dirigidas a manipular contenidos mediante mecanismos tales como: proporcionar información incorrecta o historias en sus versiones falsas, datos imprecisos con fines de engaño, desinformaciones deliberadas (las cuales son vertidas en los medios sabiendo de antemano su falsedad) y la malinformación (que a pesar de su veracidad, se utiliza de forma maliciosa con el fin de difundir datos personales o información clasificada para dañar reputaciones y el buen nombre de la, o las, personas aludidas.
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