Durante años el país se ha enfocado en las prácticas inadecuadas o corruptas producidas en el sector público, dejando de lado o siendo indulgente con las que se registran en el sector privado.
Gracias a importantes movimientos sociales, esas prácticas que se tenían como cotidianas y hasta “regulares” en el sector público hoy son vistas como lo que realmente son: ilícitos que afectan a toda la población y comprometen las potencialidades de desarrollo de la nación en su conjunto.
De un tiempo a la fecha, estamos viendo que también esa misma mirada crítica se ha empezado a poner sobre las prácticas inadecuadas o corruptas que se producen en el sector privado.
La Dirección General de Impuestos Internos ha puesto varios dedos sobre varias llagas, algo a lo que muchos sectores de poder fuera de la esfera pública no están acostumbrados.
Esa entidad ha intervenido negocios, incluso algunos con fuertes vínculos políticos, que finalmente han tenido que ponerse al día en sus obligaciones fiscales, y en los casos en los que ha habido conductas criminales han sido llevados a los tribunales penales.
Igual ha hecho Procompetencia, que ha intervenido ante las denuncias de prácticas contrarias a la ley que impide obstruir la libre competencia.
Tanto la DGII como Procompetencia han actuado en casos en los que están envueltos intereses inimaginablemente cuantiosos y han podido encaminar los procesos, sea por la vía administrativa o la penal.
Estamos viendo señales loables, pero son solos pasos iniciales de un largo camino que debemos recorrer para erradicar un régimen de impunidad ancestral, imperante tanto en la esfera pública como en la privada.
