La contraloría del cambio

Por: Tomás D. Guzmán Hernández
Vires acquirit eundo
La fuerza se adquiere avanzando
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In absentia (en ausencia) de una buena Cámara de Cuentas (auditorías externas) en los últimos tiempos, el rol jugado por la actual Contraloría en el control de la administración de los bienes y recursos del Estado es sobresaliente. Fácilmente, se desprende del trabajo tesonero reflejado por las auditorías hechas a la mayoría de las instituciones, centralizadas o no, con un total de 206 en dos años y 123 informes en 2024 (ver portal institucional). Están previstas unas 75 para este 2025.

“En tanto que la Unidad Antifraudes preparó 123 informes, de los cuales 83 fueron hechos a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con la finalidad de colaborar y fortalecer las investigaciones llevadas a cabo por esa entidad”, en donde cada funcionario sabe de las debilidades institucionales y las fallas que presentan en sus procesos de concursos, compras, licitaciones, etc.

Un punto luminoso de esta gestión, sin duda, lo constituye la actual administración encabezada por el licenciado Félix Santana García, quien comenzó su labor el 25 de enero del 2023. De inmediato, nombró su equipo con el claro propósito de fortalecer los ámbitos de aplicación de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno (SINACI) de la Contraloría General de la República, para que los fondos erogados a cada institución del Estado fueran ágiles y oportunos para cumplir con la ejecución de las asignaciones, ajustándose a lo dispuesto en su programación operativa anual, y pudieran alcanzar sus objetivos y metas trazados.

El presidente Abinader, en sus afanes por transparentar el uso de los recursos públicos, tiene un fuerte aliado en la Contraloría y es celoso de su desenvolvimiento. Con un sistema de auditorías permanentes conoce a cabalidad el manejo que hacen sus funcionarios, de modo que nadie se preste a engaños. Algunas debilidades no ameritan destituciones, cambios o sustituciones; otras, veremos.

Según los artículos 246 y 247 del Capítulo III de nuestra Constitución, sobre el control y fiscalización de fondos públicos:
“El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes.”

En la Sección I, De la Contraloría General de la República, el artículo 247, Control interno, establece:
“La Contraloría General de la República es el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno; ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos, y autoriza las órdenes de pago, previa comprobación del cumplimiento administrativo de las instituciones bajo su ámbito, de conformidad con la ley.”

Ad astra per aspera (a las estrellas a través de las dificultades): no son pocas las rémoras de comportamientos organizacionales heredadas a través de décadas en las oficinas gubernamentales. Cambiar las rutinas y los patrones conductuales cuesta tiempo en el proceso de adoptar una nueva cultura en los ministerios y oficinas descentralizadas y autónomas.

Semper fidelis (siempre fieles) al compromiso asumido por el presidente Luis Abinader en sus múltiples declaraciones, la Contraloría ha jugado un papel de garante del buen uso de los recursos públicos.

¿Para qué sirven las auditorías financieras dispuestas a un gran porcentaje de las estructuras estatales? Si bien es cierto que los informes de gerencia que se entregan a las autoridades de cada estamento, producto de los papeles de trabajo, son útiles para corregir las debilidades, no es menos cierto que deben tener la fuerza suficiente para ser sometidos, a posteriori, a los estamentos judiciales.

¿Cuándo hacerlo? Dependiendo de la magnitud de las irregularidades detectadas en casos de contratos, procesos de compras amañados y otros hechos dolosos que se ven en las oficinas del Estado, es el órgano persecutor de la corrupción administrativa quien debe cumplir su papel y someter, previa destitución, a los funcionarios que prevariquen o distraigan fondos públicos en su provecho personal o de sus allegados. Necesitamos ver esa parte en la administración pública.

El modus operandi de muchos funcionarios obliga a corregir actuaciones al frente de cada institución, de tal forma que brinden un ejercicio honesto, cónsono con lo propuesto por el presidente. Así estaremos garantizando, a través de actuaciones correctas, que el buen uso de los recursos públicos beneficie a un mayor número de ciudadanos.

Cada organismo del Estado que ha sido auditado debe emplearse a fondo en corregir las debilidades de control señaladas, de tal forma que, cuando se le procese de nuevo, haya avanzado en sus metas y resultados. De nada sirve hacer una labor de fiscalización y control si no es para aplicarse.

La Contraloría General de la República ha brindado un enorme servicio a la sociedad, pero debe siempre permanecer atenta a la buena ejecución presupuestaria, con los libramientos de pagos oportunos y ágiles, como lo viene haciendo. Cada unidad de auditoría apostada en las instituciones públicas recibe diariamente una cantidad enorme de trabajo, que debe ser asumida con los rigores requeridos.

Esperemos que se lleve a la justicia la menor cantidad posible de funcionarios producto de irregularidades tales como: sobornos, cohecho, coalición de funcionarios, compras amañadas, licitaciones irregulares, colusiones, adendas adulteradas, porcentajes por debajo de la mesa, inventarios fantasmas, sobreprecios, adelantos a cambio de firma, etc.

No obstante, la gente espera las sanciones judiciales correspondientes, dependiendo de los méritos de las denuncias que vemos por los medios de radio, televisión y redes sociales, cuyo poder y alcance están fuera de discusión.

Con la instalación de una nueva Cámara de Cuentas, electa recientemente, se reforzarán los controles financieros y administrativos si actúan de forma conjunta y/o separada, dependiendo de los casos, respetando los ámbitos de cada institución y logrando mejores resultados para beneficio del pueblo.