El nivel de confianza logrado por el sistema electoral dominicano es, hasta ahora, satisfactorio, particularmente cuando nos encontramos ante diferencias holgadas entre aspirantes a un mismo cargo electivo.
Cuando los resultados son cerrados pueden ser puestos en entredicho los procedimientos, el conteo, los criterios para anular votos y hasta la tecnología utilizada para el cómputo, pero hasta ahora la confianza en el documento de identidad utilizado en elecciones no ha entrado en discusión.
Hace algunas décadas este era un punto clave en los reclamos y la impugnación de resultados en todos los niveles electorales.
Y es posiblemente en este punto en el que se vuelve razonable la posición de la Junta Central Electoral, conocida a partir de unas declaraciones del presidente de este órgano, Román Jáquez Liranzo, que durante su participación en un encuentro en Nueva York advirtió sobre la oposición rotunda del Pleno a la utilización de otro documento, que no sea la cédula de identidad y electoral, en los procesos de votación.
La exposición de Jáquez Liranzo en Nueva York se explica porque es desde la comunidad dominicana en el exterior desde la que al parecer se nutre la iniciativa de la utilización de algún otro documento, como el pasaporte o la licencia de conducir.
En realidad un legislador ha presentado la idea ante los diputados, para lo cual habría que modificar la ley de Régimen Electoral.
Las elecciones de mayo de 2024 contaron con un padrón en el exterior de 863,785 inscritos, una cifra significativa que pudiera hacer la diferencia en una elección presidencial en caso de resultados cerrados.
Como estos votantes sólo pueden elegir en el nivel presidencial y en un aspecto del legislativo, sería en estas dos áreas a las que debe ría circunscribirse la reforma, si es que llega a producirse luego de superar el obstáculo constitucional que al parecer se le opone.Este artículo fue publicado originalmente en El Día
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