La carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) es un documento mediante el cual un país receptor de facilidades se compromete a tomar ciertas medidas o cumplir con determinadas metas. Estas cartas las envían las autoridades financieras del país objeto de facilidades, comprometiendo con ello a la nación entera.
Así mismo, cuando un país recibe facilidades del FMI, este organismo efectúa inspecciones con la finalidad de velar por el cumplimiento de lo acordado. Tal es el caso de la recién finalizada misión de inspección del FMI que nos visitó y la carta publicada en la prensa la semana pasada.
En la revisión del desempeño y cumplimiento de metas cuantitativas y cualitativas del último trimestre del año pasado, se determinó que hubo ciertos incumplimientos que obligaban, más que a un nuevo acuerdo, a solicitar una dispensa por dichos incumplimientos, al tiempo que se requiere un nuevo compromiso de cumplimiento. Para el país, al tiempo que admitimos que aún son altos los riesgos internos y externos para la recuperación económica, se reconoce que hubo dos fallos.
El primero es respecto a una desviación de una meta fiscal, y la segunda en cuanto al incumplimiento de pagos de atrasos de deudas internas, específicamente a los generadores eléctricos privados.
Ambos incumplimientos se relacionan con el sector eléctrico, pero realmente se revisten de una dimensión más amplia: el de las finanzas públicas.
Hace pocas semanas la prestigiosa publicación Latin Finance enjuició a los diferentes ministros de Hacienda de las Américas, mereciendo Vicente Bengoa la clasificación de octava posición, ciertamente una distinción. Esperemos que junto al Gobernador del Banco Central, este dúo dinámico de las finanzas publicas dominicanas continúe conduciendo nuestra economía por el camino de estabilidad próspera a que nos han acostumbrado, con o sin carta al FMI.
