Por: Daris Javier Cuevas

Abordar los criterios de riesgo es asociar este a la incertidumbre que se tiene hoy de aquello que pueda ocurrir en el futuro, midiendo la probabilidad de que el evento esperado sea adverso a resultados positivos. En tal sentido, el riesgo se mide, en términos de impacto y probabilidad que ocurra una catástrofe de consecuencias impensables.

También, como existe el peligro que es la potencialidad de ocurrencia de un daño, pérdida o lesión en lo económico financiero y en lo político. Es así como aparece el riesgo-país que básicamente indica la desconfianza de los mercados en la capacidad del Estado de hacer frente a sus deudas y obligaciones.

Bajo ese enfoque existen variables multifactoriales que conducen a identificar la presencia del riesgo-país y que pueden medir la magnitud de la situación económica, social y política. Los elementos que más influyen en el riesgo-país se destacan: el nivel de déficit fiscal; las turbulencias políticas; las presiones políticas para el incremento del gasto público; escaso crecimiento de la economía, elevada relación Ingresos-Deuda; modificaciones en sus resultados, debido a cambios políticos.

Para evaluar el riesgo-país se cuenta con una herramienta poderosa denominada calificación de riesgo que es la opinión de una entidad independiente especializada en estudios de riesgos sobre la calidad crediticia de una emisión de valores de otras empresas y de los gobiernos. Para lograr ese objetivo, está la evaluación que se realiza sobre la capacidad de la entidad emisora de cumplir con los compromisos financieros derivados de la emisión.

En conjunto, con la evaluación se identifican la situación político social, esto es, el régimen político, grupos de presión, crisis del Gobierno, corrupción, burocracia, estructura excluyente o discriminatoria, estructuras sociales, sistema económico, relaciones laborales, política exterior.

En esa dirección, entran los partidos políticos en un esquema, basado en regímenes democráticos, pluripartidismo, amenazas de dictaduras, auspiciadas por cambios frecuentes de la Constitución, o dictaduras encubiertas, promovidas por debilidades institucionales.

Las debilidades institucionales tienen como plataforma el riesgo legal, a través de leyes poco concretas, confusas, y resulta que el derecho es concebido de una forma muy diferente de cómo se lleva con prácticas fraudulentas.

Para promover las confusiones de las leyes, se parte del criterio adverso al buen derecho, de que “hecha la ley, hecha la trampa”, y con esto entran, por defecto, los cambios frecuentes de Constitución, la expropiación de la propiedad, el abuso del poder, el terror judicial y el incumplimiento de contrato por el Estado, lo que lleva al riesgo-país a su máxima expresión.

En cuanto a la valoración del riesgo económico, se consideran factores como los recursos, PIB, políticas económicas con variaciones seguidas, balanza de pagos, entre otras. La evaluación de estos factores tiende a valorar la habilidad en la dirección económica, la capacidad del Gobierno para realizar cambios estructurales y la situación de los índices: de solvencia y de liquidez, predominante en la economía.

En virtud de que el riesgo país percibe la medida de riesgo de realizar préstamos a un país, entonces, este comprende la capacidad que se tiene de honrar los pagos e intereses al momento del vencimiento de sus operaciones financieras internacionales. Por tal razón, si el riesgo país es elevado, se incrementa el riesgo de invertir y el nivel de calificación recibida es la peor.

En el caso de la Republica dominicana, su peor calificación de riesgo se registró a raíz de la crisis bancaria, 2003-2004, cuya degradación fue de -CCC.

Superada la fase de crisis, durante el periodo 2005-2019, la calificación de riesgo ha tenido un patrón de comportamiento de BB+, pero la pandemia hizo retroceder en el 2020, reencontrándose para este final del 2021, a lo que ya era un referente, por lo que nada novedoso y de avance se puede exhibir es la actual coyuntura.