JUSTICIA O INJUSTICIA

La sociedad dominicana se encuentra en un momento de inseguridad, debido al aumento incontrolado de crímenes violentos que han llamado no solamente la atención a las autoridades, sino que han obligado hasta cierto punto al Ejecutivo a ordenar públicamente la entrega de todos aquellos presuntos delincuentes, en su mayoría perseguidos por homicidio a una entrega voluntaria ante el Director General de la Policía.

Hasta cierto punto, algunos defensores de derechos humanos han salido a proclamar la defensa del debido proceso y la vida de este grupo de antisociales, que por décadas han encontrado refugio en organizaciones que deberían enfocarse no solamente en defenderlo, derecho que debe preservarse, no obstante el papel de estas ONG deberían al mismo tiempo considerar insertar en sus objetivos la educación de estas personas, para que al termino de cumplir su condena pudieran ser reinsertado en la sociedad, ya como persona que respetan a los demás y con apego a valores morales.

Ciertamente, la mayoría de nuestra sociedad se preguntan si sus derechos no valen, si la libertad de caminar en las calles, de transitar o vivir con seguridad no tiene ningún valor, por estas razones nos preguntamos ¿Hasta dónde deben ser protegido los derechos de estas personas homicidas reincidentes y otros delitos? ¿Deben ser protegidos sus derechos fundamentales?

Como bien ha planteado el Director General de la Policía y el Presidente de la República, para que sus derechos sean protegidos, lo ideal y razonable es una entrega voluntaria ante las autoridades, de lo contrario el Estado en virtud del Estado de Derecho y la Seguridad Nacional tiene la obligación de perseguir al grupo de antisociales en protección de la mayoría; los derechos que deben ser protegidos son los derechos de la mayoría, principalmente de los ciudadanos que cumplen con los deberes que le impone la sociedad y el Estado de Derecho.

En muchas ocasiones se ha criticado la forma de proceder de nuestra Policía Nacional, sin advertir, ni pensar en un momento que aquellos que persiguen a esos grupos de antisociales son ciudadanos padres de familias, igual que todos los que reclaman una mejor seguridad pública en nuestras calles; a menudo son tildadas como arbitrarias sus acciones, pero en muchos casos su accionar corresponde primeramente a disposiciones legales y segundo a sus atribuciones.

Es importante entender, que la única manera de modificar y detener este flagelo es con manos duras, estableciendo como mecanismo principal, la erradicación de un grupo de antisociales conformados en pandillas; la Seguridad Nacional debe prevalecer en un Estado de Derecho y la vida en sociedad debe protegerse; no se trata de un capricho, ni una decisión política, todo lo contrario, los lineamientos que se han llevado a cabo en los últimos días responden al orden establecido en la Constitución Dominicana del año 2010, artículos 7 y 128.

El derecho a la vida como derecho fundamental, es un derecho de todos, principalmente para aquellos que respetan el orden social, la buena costumbre y el orden público; el cual debe de preservarse sin ningún tipo de restricción o freno.

En este momento, el Estado no puede darse el lujo de seguir tolerando estas acciones, que lo único que conllevan es a la inseguridad social y al deterioro de la paz de un país; nuestro pueblo es reconocido por trabajador, no como un pueblo de homicida, donde cada ciudadano debe protegerse de manera particular para poder sobrevivir frente a grupo de antisociales.

Si es de proteger derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho que debemos proteger es el derecho de cada individuo que nuestra sociedad aporta con trabajo y educación, de lo contrario nuestra sociedad seguirá a rumbo al caos del temor y la inseguridad.