Hace unos años fui invitado a Panamá para dictar una conferencia en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos que tuvo por título “justicia, Estado de derecho y desarrollo económico”.

Mis palabras se resumen en que la justicia es un derecho de todos y es un pilar del sistema de libertades y del sistema democrático, instrumento para la realización del gobierno de la nación y del conjunto de valores, principios, normas y garantías al servicio del ser humano.

Impartir justicia implica superar las trabas que impiden el acceso al sistema de justicia en igualdad de condiciones y los obstáculos que distancien la solución de los conflictos. Amerita, además, que las decisiones del sistema de justicia sean previsibles, generales y objetivas.

Gestión ineficiente del Estado, inadecuadas políticas públicas y debilidad de los ordenamientos facilitan la corrupción y la impunidad e impiden el desarrollo de un modelo económico fundamentado en valores éticos, reglas claras de mercado, eficacia y eficiencia.

La vuelta al análisis profundo y relevante de estos temas por parte del empresariado dominicano debe ser una meta inmediata, por el impacto que tienen en la economía y el desarrollo del país.

Por su importancia y el proceso en curso contra Félix Bautista, importante funcionario de las anteriores gestiones del partido en el gobierno, y por lo que ello significa para la credibilidad de la justicia y de la gestión transparente de lo gubernamental, el Gobierno, a través del Procurador General de la República, seguirá firme en su propósito de que el caso sea conocido en el tribunal de fondo.

Con ello destacaría el rol importante que juega el sistema de justicia para la protección de los derechos de las personas, la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y la resolución pacífica de conflictos, siempre que sea eficaz, rápida, accesible, transparente y gratuita y los tribunales demuestren la idoneidad profesional y ética de sus integrantes, su independencia, externa e interna y que respondan sólo a la Constitución y las leyes, pues solo así puedan cumplir su misión como garantes de la estabilidad jurídica y la lucha contra la corrupción, sin las cuales el bienestar económico y social de las grandes mayorías del país es una cascara vacía.