SANTO DOMINGO.-Un grupo de connotados abogados depositaron hoy ante al Tribunal Contencioso Administrativo un recurso de amparo sobre la figura del Defensor del Pueblo, instituida mediante la Ley 19-01, que y fue promulgada por el entonces presidente Hipólito Mejía en febrero del 2001.
Los abogados Luis Scheker Ortiz, Pedro Catrain, Santiago Catrain y José Tejada afirmaron que los actuales legisladores han impedido por más de nueve años que la Ley que crea el Defensor del Pueblo y que cursa actualmente para su implementación en la Cámara de Diputados tenga vigencia.
Dijeron que con esa actitud los legisladores han incurrido en una grave violación por omisión no justificable del texto y el espíritu de la Ley 19-01 así como de la propia Constitución de la República.
Los abogados precisan que en efecto en el artículo 4 de la referida Ley se dispone que la Cámara de Diputados someterá una terna de candidatos al cargo del Defensor del Pueblo, de la cual el Senado hará la selección de uno de ellos.
Explicaron que hace ocho años fue escogida una primera terna, en la que figura el doctor Luis Shecker Ortiz junto a las doctoras Zolia Martinez de Medina y la doctora Iridania Capriles, sin embargo, dicho expediente ha sido prácticamente sepultado.
Nada ha conmovido romper la negligencia, incuria o irresponsabilidad de la Cámara de Diputados, privando con ello a los beneficiarios de la Ley de su aplicación, expresaron los abogados.
Agregaron que Scheker Ortiz, quien forma parte de la terna, es afectado con la actitud de los legisladores debido a que por disposición de la Ley 19-01 le fue limitado y prohibido participar en actividades políticas partidistas, pertenecer a un partido político o desempeñar una función pública, so pena de ser descalificado como candidato a esa posición.
De acuerdo con sus considerandos los juristas señalan que la figura del Defensor del Pueblo se ha convertido en un valioso instrumento para defender los derechos del ciudadano frente a la administración del Estado y a cualquier entidad prestadora de servicio.
Indicaron que con esa intención fue sometida y aprobada la legislación que parece dormir el sueño eterno.
En otra parte de sus considerandos los abogados señalan que la República Dominicana es un Estado soberano, libre, e independiente y, como tal, debe asegurar a sus habitantes el goce de la libertad, la justicia, la cultura y el bienestar económico y social.
Declararon que esto es tanto así que en la nueva Constitución que será proclamada el 26 de enero del 2010 se le otorga a esta figura rango constitucional.
