Juristas advierten sobre “condenas sociales anticipadas” en caso Calamar
- Consideran que el proceso contra el exministro Administrativo de la Presidencia carece de pruebas vinculantes y responde a intereses políticos
Santo Domingo. Tres juristas coincidieron este lunes en que el Ministerio Público ha desarrollado una estrategia comunicacional orientada a generar “condenas sociales anticipadas” mediante la presión mediática en el proceso del caso Calamar, particularmente contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Los abogados Ybo René Sánchez Díaz, Manuel Sierra y Valentín Medrano Peña consideraron que el expediente presentado por la Procuraduría General de la República tiene un trasfondo político y carece de pruebas concretas que vinculen directamente a Peralta con los hechos imputados.
Sostuvieron que el sistema judicial no debe prestarse a la judicialización de la política, ya que eso termina afectando la credibilidad y legitimidad de la justicia ante la sociedad.
Sánchez Díaz y Sierra afirmaron que un juez “que se respete” debe actuar con independencia, impartir justicia y, además, proteger la imagen del sistema judicial.
“Conforme a lo que hemos visto en la acusación, no hay forma de que José Ramón Peralta sea enviado a juicio, porque no existe una sola prueba que lo sindique directamente. La prueba tiene que estar vinculada al hecho que se atribuye”, expresó Sánchez Díaz.
Agregó que durante años el Congreso Nacional recibió informes sobre ingresos y egresos del Estado, mientras que ahora —según afirmó— se realizan “auditorías” y cuestionamientos sin escuchar previamente a los implicados.
De su lado, Medrano Peña sostuvo que en un Estado social, democrático y de derecho no basta con acumular documentos, cajas o “parafernalias mediáticas” para sostener una imputación penal.
Indicó que la etapa preliminar de un proceso exige pruebas obtenidas de manera lícita, pertinentes, útiles y directamente vinculadas con los hechos imputados.
“El proceso penal demuestra que lo más peligroso no siempre es el delito, sino creer que cualquier prueba basta”, expresó el jurista al citar al penalista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni.
A juicio de los abogados, el Ministerio Público ha recurrido a una narrativa mediática para instalar una percepción de culpabilidad en la opinión pública, pese a que —aseguran— no se han presentado evidencias concretas que acrediten la comisión de ilícitos penales por parte de José Ramón Peralta.
Asimismo, cuestionaron que se pretenda sostener una acusación de estafa al Estado sin pruebas que demuestren un perjuicio económico causado por el exfuncionario al Estado dominicano.
Los juristas concluyeron que el proceso contra Peralta responde a una “fabricación interesada” impulsada por motivaciones políticas.
