Senabri Silvestre 
Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) actuará apegada a lo que establece la ley 169-14 y la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, las cuales establecen el alcance y los mecanismos que se deben seguir, y que no los violentará por presiones locales o internacionales.
Así lo aseguró su presidente Roberto Rosario, tras advertir que no dejará de cumplir con los pasos que ordena la ley de naturalización por presión de personas u organismos nacionales o internacionales.
Explicó que la ley 169-14 establece realizar una auditoría de todos los expedientes y los beneficiados de la misma deben ser los que resulten de esa evaluación.
“La Junta está ejecutando ese mandato. Pedirle que entregue a todos los documentos sin auditarlos es pedirle que viole la sentencia del tribunal y la ley con la que todos están de acuerdo”, dijo Rosario en Los Coloquios de EL DÍA.
El presidente del organismo electoral aclaró que, para ese proceso, la sentencia otorga un año prorrogable (dos años) y la ley 18 meses. “Es decir, que estamos dentro del plazo”, recordó.
Roberto Rosario manifestó que algunos organismos de la sociedad civil quieren que la JCE actúe por presión y violando la ley, pero advirtió que esa entidad nunca se ha doblegado ante esa táctica.
Presiones de la OEA
Rosario reveló que organismos internacionales presionaron para que se desconociera la Sentencia del Tribunal Constitucional.
Señaló que en medio de la discusión para la aprobación de la ley de naturalización, la representante de la OEA en el país, Araceli Azuara Ferreiro, presionó para que el organismo suspendiera dos actividades que tenía programadas en el país.
Una era un cónclave del Consejo Latinoamericano del Registro Civil (Clarciev), el cual fue trasladado a Perú, y la entrega de la certificación ISO a la JCE; proceso que había pagado la misma OEA.
Organización Registro Civil
Rosario reseñó que la organización del Registro Civil no es cosa suya. Dijo que ese proceso inició en el año 2004 con la aprobación de la Ley 285-04 de Migración, la cual establece los derechos de los migrantes para registrar a sus hijos.
“Es esa ley la que establece el libro de extranjería y es donde especifica que el inmigrante que está en condición de ilegal no tiene derecho a que sus hijos sean registrados como dominicano”, reseñó.
Agregó que varias organizaciones, entre ellas el Centro Bonó, iniciaron una acción legal contra esa ley, pero en 2005 la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia donde decía que esa ley era constitucional.
Dijo que en 2007 los nueve miembros de la JCE aprobaron a unanimidad una resolución para ejecutar esa decisión de la SCJ.
Caso de Juliana es triunfo
Roberto Rosario expresó que la entrega del documento de identidad a Juliana de Deguis es un triunfo del país y de la posición que él ha defendido.
Explicó que su tesis ha sido que los hijos de extranjeros en condición irregular nacidos en la República Dominicana no les correspondía la nacionalidad.
Bajo ese criterio, refrendado por la ley 85-04, la sentencia 168-13 y la ley 169-14 se creó un régimen especial para las personas inscritas irregularmente en el Registro Civil.
Reveló que la ley 169 se elaboró en base a una propuesta que él realizó
“Juliana Deguis no es dominicana porque tenía derecho a serlo, lo es a partir de julio de 2014 por la ley 169-14, ya que es parte de un grupo de personas que presumían ser dominicanas y que estaban inscritas en el Registro Civil con esa presunción”, aclaró.
