El Día 
SANTO DOMINGO.-El doctor Julio Cury propuso que se instituya el delito de prevaricación judicial de manera que los jueces que dicten fallos violatorios a esenciales normas de procedimiento o que sean evidentemente contradictorios con el ordenamiento jurídico, que vayan más allá de la mera ilegalidad producto de una interpretación errónea o discutible, sean penados con la inhabilitación para empleo o cargo público de 2 a 6 años.
Cury dijo que la Ley de Carrera Judicial no consagra como faltas las decisiones dictadas por jueces que carezcan de toda explicación razonable o que excedan la lógica de todo método de interpretación, ni prevé tampoco la inhabilitación para desempeñar funciones públicas entre las sanciones de que son pasibles los jueces.
Es imposible concebir la seguridad jurídica si la convicción empecinada u omnímoda del juez no es limitada. El juez no puede erigir su voluntad en ley, sino por el contrario, su decisión debe provenir de la rigurosa aplicación de los criterios racionales de ponderación de la ley, expuso.
Alegó que en los países que se ha contemplado este delito se han reducido al mínimo las sentencias abusivas, y citó la Cámara Civil de San Pedro de Macorís entre los tribunales que recurrentemente dicta sentencias sin fundamentos en la ley y en base a hechos no acreditados o elementos que no corroboran las pretensiones que libérrimamente consienten en sus sentencias.
Me refiero a decisiones que carecen de todo apoyo en la ley, que la contradicen de forma tan palmaria, que bordean en lo grosero, y no estoy seguro que sea por la ignorancia crasa de sus integrantes, expresó el renombrado jurista.
Al ser abordado en la sede del Comando de Campaña del PRD mientras participaba en una reunión con abogados pertenecientes a esa organización política, Cury manifestó que solo consagrando el delito de la prevaricación judicial puede evitarse que la voluntad de algunos jueces siga erigiéndose irrazonablemente en fuente de ley.
No abogo porque se tipifiquen como ilícitos penales los meros errores de interpretación o aplicación de la norma, sino la imprudencia grave o ignorancia inexcusable del juez, aclaró el asesor del candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía.
