Julio Cury, abogado.
SANTO DOMINGO.- El jurista Julio Cury sostuvo hoy que la Resolución núm. 33-2019 de la Junta Central Electoral, que le prohíbe a los funcionarios públicos accionar en política en sus horarios de trabajo, se corresponde con las previsiones del artículo 80.13 de la Ley núm. 41-08, y que la crítica que ha hecho el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, “carece de rigor lógico”.
Expresó que dicha ley prevé como falta disciplinaria servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, concepto que supone el “contenido dinámico relacionado con la actividad cumplida por un individuo en un órgano público”.
Dijo que la expresión “en el ejercicio de sus funciones” se contrae al tiempo en el que se desempeñan los deberes relacionados con la función pública, lo cual se reafirma, según Cury, en el art. 83.9, que pone el acento sobre los lugares de trabajo, señalándose que es en ellos donde las actividades partidistas deben realizarse para configurar una falta de segundo grado.
“El supuesto de hecho generador de la falta, cuya interpretación debe ser restrictiva por aplicación del principio pro homine, es la desviación del servicio prestado al público de forma regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública”, añadió.
Manifestó que los espacios públicos son de todos, no del partido oficialista, y que la jornada laboral de quienes desempeñan funciones públicas la sufraga el contribuyente, por lo que “en el ejercicio de sus funciones” se limita al tiempo y lugar de trabajo, fuera de los cuales, explicó el jurista, pueden dedicarse a cualquier otra actividad lícita.
Agregó que de interpretarse de otra forma se desconocería el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, que asegura una libertad general de actuación, “por lo que de la manera que lo asume Abinader, en el sentido de que los funcionarios públicos tienen prohibido manifestarse políticamente en todo lugar y momento, supondría una amputación, lo cual resultaría inasumible con los principios del estado social y democrático de Derecho”.
Por igual, dijo que de ser como Abinader y el PRM creen, “haría añicos” la libertad de conciencia, cuyo contenido esencial entraña manifestarla en público y en privado.
“La libertad de conciencia abarca el proselitismo de las creencias, sin importar su naturaleza. Prohibirle al individuo actuar conforme a los imperativos de su conciencia, supondría la represión del desarrollo de sus convicciones, con la consecuente afectación del derecho a la dignidad”, por lo cual respaldó la resolución de la JCE.
