Santo Domingo.-Comienzan a ser despejadas las dudas sobre la existencia de un cargamento de 1,300 kilos de cocaína en el llamado caso Paya con las revelaciones hechas por dos investigadores de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) sobre las ocho personas muertas en agosto de 2008 en esa comunidad.
Las explicaciones ofrecidas por los coroneles Manuel Peña Labourt y Julio César Souffront, directores de los dos departamentos más sensibles de la agencia antidrogas, han sido rechazadas por la defensa de los imputados, sobre todo la de los oficiales de la Marina vinculados al múltiple crimen, por entender que son falsas, pero ambos militares insisten en que no hay dudas de que la red de narcotráfico ordenó la ejecución del grupo.
Peña Labourt dijo que todo fue planificado con dos meses de antelación, lo que ha sido negado por los abogados del grupo, uno de los presos dijo hace un tiempo que un día antes del crimen, es decir el 3 de agosto, la finca del imputado Luis Lara fue escenario de un encuentro en el que intervinieron varios de los procesados. Eso lo dijo el testigo Robert Peña Valdez, presentado por la Fiscalía.
Las revelaciones de Peña Valdez, hermano de uno de los imputados, fortalecen también las ofrecidas por los citados oficiales, quienes entienden que todos los detenidos por el caso tienen vínculos directos con los acusados. La matanza se produjo en la comunidad Ojo de Agua, de la sección Paya, Baní.
El fiscal de la provincia Peravoa tiene 29 pruebas documentales contra el grupo, entre las que incluye llamadas telefónicas, informes forenses y reportes de hallazgo de evidencias de cocaína en vehículos, actas de allanamiento y títulos que certifican que la casa donde se planificaron los crímenes es propiedad del imputado Luis Lara.
Los testigos que desfilarán por el tribunal son al menos 30, de acuerdo a lo planificado por el Ministerio Público, durante el desarrollo del proceso.