Santo Domingo.– La jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Pontentini, intimó este lunes  al Ministerio Público para que en un plazo de 15 días presente la acusación en el caso Calamar, que involucra varios exfuncionarios del pasado Gobierno.

La magistrada tomó esta decisión después de aceptar la solicitud de la defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de declarar inadmisible la petición de prórroga de cuatro meses, dado que ha expirado el plazo para presentar la acusación contra los implicados mencionados en el expediente.

Tras escuchar la decisión de la jueza, el Ministerio Público interpuso un recurso de oposición contra este fallo, buscando revocarlo.

El Código Procesal Penal establece que una de las causas de la extinción penal es el vencimiento del plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio sin que se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo. Así lo precisa el numeral 12 del artículo 44 del citado Código.

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La defensa de Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta solicitaron en estrado en la pasada audiencia y mediante instancia a la juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que intime al Ministerio Público para que presente acto conclusivo de la investigación del caso Calamar, por vencimiento del plazo establecido en el Código Procesal Penal.

Los abogados Laura Acosta, Luis Rivas, de Gonzalo Castillo; Edward Núñez, de Donald Guerrero, han planteado a la jueza que intime al Ministerio Público para que presente la acusación, planteamiento al que se han adherido los abogados de José Ramón Peralta.

Sobre el caso

El Ministerio Público ha manifestado la necesidad de que se extienda el plazo para la presentación de la acusación por corrupción administrativa de la Operación Calamar, con el fin de aportar además otros elementos de pruebas que ha solicitado a otros órganos del Estado y de la cooperación jurídica internacional.

En el expediente de Operación Calamar, el órgano persecutor imputa a veinte personas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.

Además de Peralta y Guerrero, se vincula en la estafa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.