Jueza dispuso separar acusación contra exsenador Rafael Calderón en el caso Calamar por problemas de salud
- Se aplazó para el próximo miércoles juicio seguido a exministro Donald Guerrero y compartes.
Santo Domingo.- Las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispusieron la separación de la acusación contra el exsenador Rafael Calderón del proceso que se sigue al exministro Donald Guerrero y a otros imputados en el caso Calamar, acusados de defraudar al Estado dominicano con más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.
La decisión, adoptada por el tribunal presidido por la magistrada Arlin Ventura, se produjo tras acoger un pedimento del Ministerio Público, debido a que el exsenador Calderón se encuentra de licencia médica.
El documento fue depositado ante el tribunal por sus abogados y establece que el imputado no podía estar disponible, por el momento, debido a su estado de salud, luego de ser sometido a una cirugía y presentar otros quebrantos de salud.
El órgano acusador también había solicitado la separación del proceso del excontralor Omar de Jesús Caamaño, quien ha presentado una licencia médica.
Sin embargo, las juezas determinaron esperar a la próxima audiencia para emitir una decisión al respecto. Además, las magistradas indicaron que le otorgaron una última oportunidad y se reservaron la decisión hasta que concluya la licencia médica que le fue concedida.
Luego de esa decisión, el tribunal, presidido por la jueza Arlin Ventura e integrado por las magistradas Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, aplazó el juicio para el próximo miércoles, a las 9:00 de la mañana.
Ministerio Público presentó acusación en el caso Calamar
El pasado mes de septiembre, el Ministerio Público presentó ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su acusación contra el exministro Donald Guerrero y otros imputados en el caso Calamar, con el propósito de iniciar la presentación de las pruebas contra los implicados y escuchar a los testigos.
El grupo está acusado de integrar una estructura de corrupción vinculada al caso Calamar, que habría desviado la referida suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método, el lucro y la permanencia en el poder como finalidad”, expresó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, al iniciar su alegato de apertura del proceso.
Miembros de la estructura fueron enviados a juicio en mayo
El pasado mes de mayo, el Ministerio Público obtuvo la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados de corrupción en el expediente derivado de la Operación Calamar.
Entre ellos figuran el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz; el abogado Ángel Lockward; el excontralor Daniel Omar de Jesús Camacho Santana; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe; el director de Catastro, Claudio Silver Peña, y el exdirector de Casinos Julián Omar Fernández Figueroa.
Mientras tanto, el Ministerio Público apeló el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo Terrero, así como de otros tres acusados, al considerar que el tribunal incurrió en una errónea apreciación de varias pruebas.
Entre los enviados a juicio también se encuentran Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirillo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía, Nathaly Hernández Guzmán, Kimberly Zayas Martínez, Marino Cabrera y Agustín Mejía Ávila.
Asimismo, figuran César Santana, Omar Miqui Arias, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Juan Tomás Polanco Céspedes y Julián Omar Fernández Figueroa.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red desmantelada habría desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y cobros irregulares relacionados con juegos de azar, con el objetivo de financiar la campaña política de 2020.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
