Corte fija para el 16 de noviembre audiencia de apelación contra “no ha lugar” a favor de Gonzalo Castillo, Peralta y otros del caso Calamar
Santo Domingo.- La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 16 de noviembre la audiencia para conocer el recurso de apelación contra el “no ha lugar” a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, interpuesto por el Ministerio Público.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, presentó el recurso con el objetivo de que sea revocado el “no ha lugar” y los imputados sean enviados a juicio de fondo.
Además del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, también fueron beneficiados con un “no ha lugar” el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, en el marco del proceso judicial conocido como caso Calamar.
Se recuerda que la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, emitió la decisión a favor de los imputados.
Caso Calamar: juicio de fondo continúa este miércoles
Mientras tanto, fueron enviados a juicio de fondo el exministro de Hacienda Donald Guerrero; los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, respectivamente, así como otros imputados del caso Calamar.
Este miércoles, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerán la etapa del juicio con relación a la presentación de los testigos aportados por el Ministerio Público, luego de concluir la lectura de la acusación contra los imputados del caso Calamar.
También figuran entre los acusados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Mabel Mejía, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Pichirilo.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red desmantelada habría desviado más de RD$19,000 millones mediante la expropiación de terrenos declarados de utilidad pública y el cobro irregular relacionado con juegos de azar, con el objetivo de financiar la campaña política de 2020.
En agosto, el tribunal presidido por la jueza Arlin Ventura aplazó para este miércoles la continuación del proceso, a fin de que los imputados Rafael Calderón, exsenador de la provincia Azua, y Daniel Camaño, excontralor general de la República, pudieran mejorar sus condiciones de salud.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
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