Jissel Soto presidirá tribunal que conocerá juicio de fondo seguido a Jean Alain y demás imputados del caso Medusa

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, apoderado del juicio seguido al exprocurador Jean Alain Rodríguez y a los demás imputados en el caso Medusa, será presidido por la jueza Jissel Soto, luego de que la magistrada Claribel Nivar fuera ascendida y trasladada a otra dependencia.

Este cambio implica que la jueza Claribel Nivar quede desligada del proceso, debido a que el Ministerio Público no había iniciado la lectura de la acusación contra el exfuncionario y los demás implicados mientras ella presidía el tribunal. Si el órgano acusador hubiese comenzado la lectura durante la presidencia de la magistrada Nivar, esta quedaría atada al proceso y tendría que conocerlo hasta que se emitiera una sentencia.

Por tal motivo, este lunes el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional estará presidido por la jueza Jissel Soto e integrado por las magistradas Clara Castillo y Jarolin Rosario, quienes estarán a cargo de conocer el juicio de fondo del caso Medusa.

Sin embargo, durante el tiempo que presidió el tribunal, la jueza Claribel Nivar conoció y decidió varios incidentes presentados por los abogados de los imputados, los cuales fueron rechazados. Entre ellos figuró una solicitud de extinción de la acción penal, cuya decisión adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, quedó como una decisión definitiva respecto a los incidentes planteados por la defensa de los acusados.

El juicio de fondo aún no ha comenzado, debido a que el Ministerio Público todavía no ha iniciado la lectura de la acusación.

El pasado 23 de agosto, la jueza Claribel Nivar, quien en ese momento presidía el tribunal, aplazó el juicio para este lunes, con el propósito de dar tiempo a que el imputado César Nicolás Rizik Pimentel mejorara su estado de salud, luego de presentar una licencia médica ante el tribunal a través de su defensa.

Además de la magistrada Nivar, el tribunal estaba integrado por las juezas Jissel Soto y Clara Castillo. En conjunto, rechazaron en dos ocasiones las solicitudes de extinción de la acción penal presentadas durante el proceso. El primer pedimento fue realizado por el exfuncionario a través de su abogado, Carlos Balcácer, mientras que la segunda solicitud fue presentada por los imputados Alfredo Solano y Ramón Burgos.

El pasado 16 de febrero se inició la presentación de varios incidentes, que fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio. Tras esa decisión, la defensa formalizó la solicitud de extinción de la acción penal, que fue rechazada el lunes 17 de agosto.

El Ministerio Público inició la investigación del caso Medusa en 2021. Desde entonces, las defensas han presentado diversas acciones con las que buscan detener o dilatar el proceso judicial seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás coimputados.

El 13 de julio de 2021, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó las primeras medidas de coerción contra los implicados en el expediente.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) imputa a Jean Alain Rodríguez múltiples delitos que, según la acusación, habrían sido cometidos entre 2016 y 2020. Entre ellos figuran presuntos fraudes vinculados al Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sobornos, lavado de activos y un supuesto desfalco al Estado dominicano superior a los RD$6,000 millones.

La PEPCA también acusa a Jean Alain Rodríguez de presuntos actos de corrupción relacionados con el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante su gestión entre 2016 y 2020.

De acuerdo con el expediente, Rodríguez y otros imputados enfrentan cargos por un presunto desfalco superior a los RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano, además de acusaciones de corrupción, soborno y lavado de activos.

Durante la fase preliminar, conocida por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se estableció que 29 de los 63 imputados llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público, mientras que los demás fueron enviados a juicio de fondo.