SANTO DOMINGO.-Más de  mil 300  personas  han regularizado sus documentos a la luz de Ley 169-14  sobre Regularización y Naturalización, así como de la Sentencia 168-13  del Tribunal Constitucional   que  dispuso la   Auditoria  del  Registro Civil que realiza la Junta Central Electoral (JCE).

La JCE dijo que en las próximas horas divulgará los nombres, el municipio y la oficialía en que están inscritas las personas cuyos expedientes ya fueron auditados  y se encuentran en la condición señalada en dicha  publicación, de tal manera que pueden actuar de conformidad  con su estado documental.

Los fundamentos de esta actuación se corresponden con el mandato contenido en la Ley 169-14, del 23 de mayo 2014,  denominada “Ley que Establece un Régimen Especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano y Sobre Naturalización”, precisa una nota enviada por la JCE.

Empero, destaca  que en ese  aspecto, como institución    solo le corresponde la parte atinente a los inscritos  irregularmente en el Registro Civil.

Asimismo  expresa   que algunas personas y organizaciones  han reclamado a la Junta Central Electoral que  entregue de inmediato las referidas actas  sin cumplir con  el procedimiento de auditoria dispuesto y que suspenda las acciones legales en los  casos de falsedad.

Sobre ese particular el documento  reproduce   lo que contiene el texto de la citada ley, que establece que “ ….el Tribunal Constitucional puso de manifiesto una deficiencia del Estado  dominicano que perduró en el tiempo y se extendió en todo el territorio nacional, lo que causó que un determinado numero de personas  nacidas en territorio dominicano recibiera del propio Estado dominicano la documentación que  hizo presumir  que se trataba  de nacionales dominicanos, en base a lo cual desarrollaron su vida civil con certezas  y expectativas concretas en función de esa condición.,”

Y agrega que  el  Considerando Sexto de esa misma ley  establece : “que, entre otras medidas, el Tribunal Constitucional dispuso mediante dicha sentencia que la Junta Central Electoral  realizara una auditoria  en los libros de Registro Civil   que abarque el periodo antes indicado  a fin de determinar cuales personas fueron irregularmente inscritas en dichos libros, auditoria  que está siendo realizada por dicho órgano estatal, por lo que se trata de  personas  que resultaran debidamente identificadas por  dicha auditoria”.