Ya hemos escrito en estas líneas, que tan gentilmente ustedes todas las semanas leen, que los presupuestos ejecutados de los ayuntamientos están muy lejos de cumplir con las normas establecidas en la ley sobre la distribución de los recursos que manejan.

Hemos hablado también que esta distribución está contenida en la Ley 166-03 que expresa lo siguiente: En educación 4 %, en inversión un 40 %, en salarios o nóminas 25 % y un 31 % para servicios en general. Como diría un amigo nuestro “eso es poesía”.

Es realmente una letra muerta; una de las tantas leyes que se discuten, se consensan, se comprometen y finalmente nunca se cumplen.

Como remedio a estos sucesos tan bochornosos, la mejor manera es sincerarnos y ajustarnos a la realidad dando apertura a un espacio abierto, plural y participativo, cuyos resultados sean vinculantes para que lo que resulte de allí, sea la norma definitiva.

La demanda de servicios en el Distrito Nacional desborda de manera dramática las capacidades del ayuntamiento en ajustarse a los preceptos establecidos por la ley. Basta con ver el informe de ejecución presupuestaria del trimestre enero-marzo de este año 2022, en donde los porcentajes de lo devengado hablan por sí solos.

Educación 2.59 %, Inversión 9.72 %, salarios y nóminas 56.87 mientras que en el renglón servicio alcanzó 60.82 %. Como podemos ver, al gobierno de la ciudad no le da el dinero para obras de alto impacto en la capital de la nación.

Una de las medidas a la que debemos recurrir es involucrar al Gobierno central (que por cierto es del mismo partido que la alcaldesa del Distrito Nacional) en la inversión en este tipo de obras.

Me llega a la memoria el año 1986 en el cual el Gobierno dominicano inició un vasto y ambicioso plan de construcciones de avenidas, puentes, calles e incluyó el túnel de la José Núñez de Cáceres, obra que aun sigue impactando en el desahogo del tránsito de Santo Domingo de Guzmán. ¿Cuál es el temor de hacer ese tipo de intervenciones?

La aplicación de la avenida México, un puente paralelo al existente hasta ese momento, la avenida del Puerto, “hasta movieron” el obelisco “hembra” que estaba en medio, el expreso V Centenario, la autopista 6 de Noviembre, entre otras intervenciones que en su momento causaron escozor en la población, pero ¿Qué sería en estos momentos si eliminamos estas y otras obras más?

Urge que el Gobierno tome las riendas del ordenamiento del territorio, del tránsito urbano y otros temas que por lógica administrativa los ayuntamientos del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo no pueden enfrentar. Es más sabio demostrar con hechos que dar excusas.

No queremos terminar la presente opinión sin reconocer que los informes, presentados por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, aun no sean ajustados a la ley, son claros y precisos (consolidados), a diferencia de los otros gobiernos locales del Gran Santo Domingo, los cuales se empeñan en tapar el sol con un dedo.

*Por Víctor Féliz Solano