Emiten decreto para regular y transparentar todas las inversiones tecnológicas del Gobierno
- La medida designa al Ministerio de Administración Pública como responsable de coordinar las inversiones tecnológicas, reducir duplicidades y fortalecer la seguridad y protección de los datos estatales
Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo emitió, mediante el Decreto núm. 714-26, el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, con el objetivo de garantizar que las inversiones y contrataciones tecnológicas de las instituciones públicas se realicen de manera coordinada, eficiente, segura y alineada con las políticas nacionales de transformación digital.
La medida busca mejorar el uso de los recursos destinados a tecnología, reducir duplicidades, fortalecer la interoperabilidad, proteger los datos del Estado y garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos.
Mediante esta normativa, el Ministerio de Administración Pública (MAP) queda designado como autoridad responsable de coordinar los procesos de identificación, evaluación, priorización, seguimiento y control técnico de las inversiones digitales estratégicas.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que el reglamento representa un paso importante para mejorar la gobernanza tecnológica nacional y evitar la fragmentación del gasto y las inversiones aisladas entre las instituciones del Estado.
Freund señaló que la disposición permitirá que los recursos invertidos en tecnología respondan a una estrategia nacional integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales más eficientes, seguros y accesibles, protegiendo la soberanía sobre los datos de los ciudadanos.
Interés estratégico nacional
El artículo 6 del decreto declara de interés estratégico nacional la integración, modernización y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano, como herramienta para mejorar la calidad, seguridad, interoperabilidad y eficiencia de los servicios públicos.
La disposición contempla la coordinación de inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones digitales que, por su alcance, importancia, impacto presupuestario o relación con servicios públicos esenciales, requieran evaluación técnica previa y gestión conjunta entre varias instituciones.
El reglamento también establece que las entidades públicas deberán continuar cumpliendo las normas sobre contratación pública, presupuesto, transparencia, protección de datos personales, ciberseguridad y acceso a la información pública.
Principales novedades e impactos institucionales
Entre las principales medidas figura la obligación de que las entidades del Poder Ejecutivo cuenten con un informe de evaluación técnica previa del MAP antes de iniciar procesos de adquisición de plataformas y soluciones digitales complejas.
Asimismo, el Ministerio podrá coordinar licitaciones conjuntas entre diferentes instituciones públicas, con el propósito de aprovechar economías de escala y optimizar el gasto estatal.
El decreto también crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el MAP e integrada por representantes del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Economía, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad.
En materia de soberanía digital, la normativa establece requisitos de portabilidad, interoperabilidad y reversibilidad técnica de las soluciones tecnológicas. Además, prohíbe las cláusulas contractuales o diseños que generen dependencias comerciales exclusivas o limiten el control del Estado sobre sus datos.
En cuanto al uso de inteligencia artificial, las contrataciones que incluyan algoritmos o sistemas automatizados deberán cumplir criterios de supervisión humana, trazabilidad y transparencia.
Con esta medida, el Ministerio de Administración Pública reafirma su compromiso con la modernización de la gestión pública y el desarrollo de un Gobierno Digital más eficiente, transparente y orientado a las necesidades de la ciudadanía.
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