Intrusismo médico en RD: las penas que aplicaría el nuevo Código Penal si es promulgado
- Con penas más severas, el sistema judicial apunta a castigar sin contemplaciones el intrusismo profesional
Santo Domingo.- El intrusismo médico dejaría de ser una figura legal difusa para convertirse en un delito autónomo en caso de entrar en vigor mañana lunes el nuevo Código Penal, tras cumplirse el año de espera para su aplicación establecido por la Ley 74-25, consolidando así una nueva categorización que busca poner fin a la impunidad de los intrusos en las profesiones vinculadas a la salud.
Sus 40 modificaciones ya fueron promulgadas el 27 de julio, mediante el decreto 507-26, aunque hasta el lunes el país sigue rigiéndose por el Código de 1884, que no tipifica el intrusismo como delito propio, por lo que con esta actualización el sistema judicial dominicano da un paso trascendental al modernizar normativas que llevaban más de un siglo de atraso.
El cambio llega en medio de dos casos que sacudieron a la opinión pública en las últimas semanas, uno en La Vega y otro en Santo Domingo Este, ambos con personas sin título ejerciendo actos médicos, tragedias recientes que han evidenciado la extrema vulnerabilidad de los pacientes ante redes que operan al margen de la ley.
Lo que cambia con la nueva ley
Bajo el código vigente, el intrusismo se persigue de forma indirecta mediante la usurpación de funciones públicas, civiles o militares estipulada en el artículo 258, obligando a los fiscales a tener que hacer malabares jurídicos sumando acusaciones por estafa, lesiones graves u homicidio involuntario para poder lograr condenas severas contra quienes atentan contra la vida de los pacientes.
Con la Ley 74-25, esa conducta queda sancionada de forma directa con dos a tres años de prisión y multas de nueve a quince salarios mínimos para quien ejerza sin título, exequátur o licencia una profesión regulada, estableciendo además la normativa de agravantes severas si la intervención irregular resulta en daños permanentes o en la muerte del paciente.
El nuevo tipo penal cubre cualquier profesión con autorización oficial, no solo medicina, y además habilita que las investigaciones alcancen a los dueños de los centros que permitan estos procedimientos, mecanismo con el cual las autoridades pretenden desmantelar la complicidad institucional que facilita la proliferación de clínicas clandestinas.
Los casos que reabrieron el debate
Rebeca Brizard, de 37 años, murió el pasado 24 de julio horas después de una cirugía estética en una clínica de Alma Rosa I, practicada por Emanuel Hernández, identificado por Salud Pública como barbero y exayudante de un cirujano plástico certificado, un repentino fallecimiento que desató la indignación ciudadana y aceleró las exigencias de mano dura contra las malas prácticas estéticas.
"Trabajó anteriormente junto a un cirujano plástico certificado", explicó el director de Habilitación del MSP, Juan Gerardo Mesa Pérez, antes de que Hernández fuera desvinculado por exceder sus funciones, dejando claro que esta experiencia previa como asistente no le otorgaba ninguna facultad legal ni académica para intervenir quirúrgicamente a una paciente.
Dos meses antes, la profesora Milca Mercedes Ramírez acudió a un centro médico de La Vega para una extracción dental, atendida por Franklin José Almánzar Escarramán, hermano del odontólogo titular y sin exequátur, según el Ministerio Público, haciendo que la confianza depositada en la reputación familiar del establecimiento terminara en un procedimiento desastroso que truncó la vida normal de la docente.
La paciente quedó con nervios atrofiados, edema facial, parestesia mandibular y otras lesiones permanentes, un caso que el Ministerio Público calificó de intrusismo profesional y que derivó en el cierre del centro, convirtiendo este proceso judicial en lo que los expertos consideran como un precedente clave para la aplicación estricta de las nuevas herramientas legales aprobadas.
La posición del sector médico
El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha respaldado la lucha contra el intrusismo, aunque también alerta sobre el riesgo de que la nueva ley criminalice el error clínico de los profesionales certificados, razón por la cual los galenos insisten en que debe existir una frontera clara entre la usurpación de funciones y las complicaciones inherentes al ejercicio médico legítimo.
Ya en febrero, tras la primera reunión entre el CMD y las sociedades médicas especializadas, su presidente, Luis Peña Núñez, llamó a "unificar fuerzas para garantizar que las metas de cada sociedad se cumplan y erradicar el intrusismo que tanto daño hace a nuestra profesión y a la salud del pueblo dominicano", compromiso bajo el cual la directiva gremial actuará como un ente vigilante y activo para denunciar a quienes empañan el prestigio de la medicina nacional.
De ese encuentro, el CMD y las sociedades médicas acordaron ir juntos contra el intrusismo y, en paralelo, exigir mejores condiciones laborales para los médicos del país, impulsando así una doble agenda que busca blindar al sector salud, tanto desde el punto de vista legal como en el aspecto de la dignificación económica de los verdaderos profesionales.
En cuanto a las nuevas penas contempladas en el nuevo Código, "El Colegio Médico no dará ni un paso atrás", manifestó el gremio en junio de este año ante cualquier vulneración de los protocolos y las buenas prácticas médicas, asumiendo una postura firme que busca proteger la integridad y el ejercicio de los verdaderos especialistas frente a posibles acusaciones infundadas en los tribunales.
No obstante, ante el reciente caso de la joven muerta tras ser sometida a una cirugía estética llevada a cabo por una persona dedicada a la barbería, el gremio no se ha pronunciado.
La respuesta de Salud Pública
El Ministerio de Salud Pública ha optado por el cierre de establecimientos como primera línea de contención, incluso antes de que entre en vigor el nuevo Código Penal, motivo por el cual los operativos sorpresa se han intensificado en varias ciudades buscando inhabilitar espacios que operan sin los estándares mínimos de bioseguridad.
"Lo barato sale caro", señaló Juan Gerardo Mesa Pérez, director del departamento de Habilitación y Acreditación de Establecimientos y Servicios de Salud de la institución sobre la proliferación de clínicas clandestinas operadas por personas que solo han tomado cursos, muchas veces por internet, instando al funcionario y a la población a verificar meticulosamente las credenciales de los supuestos especialistas antes de someterse a cualquier procedimiento invasivo.
Entre 2021 y lo que va de 2026, el ministerio ha intervenido o clausurado 1,493 centros de salud en el país, de los cuales 501 ocurrieron solo entre 2024 y abril de este año, siendo estas alarmantes estadísticas un reflejo de la magnitud de una problemática estructural que las autoridades pretenden erradicar definitivamente.
Con la nueva tipificación, el reto para las autoridades ya no será solo probar la negligencia, sino perseguir de forma directa a quienes, sin título, se hacen pasar por profesionales de la salud, ya que a partir del lunes el sistema de justicia dominicano tendrá en sus manos la herramienta necesaria para castigar sin contemplaciones a quienes jueguen con la vida de los ciudadanos.
