Interrupción del embarazo: Asunto de salud pública, autonomía y derechos humanos de las mujeres - El Día Columnas

Interrupción del embarazo: Asunto de salud pública, autonomía y derechos humanos de las mujeres

Interrupción del embarazo: Asunto de salud pública, autonomía y derechos humanos de las mujeres

Ángel Pichardo Almonte, médico.

*Por Dr. Ángel Pichardo Almonte

Particularmente estoy de acuerdo en la interrupción del embarazo sin causales.

En este sentido, creo que una mujer que decida interrumpir su embarazo en cualquier otra circunstancia a las establecidas “por las 3 causales” sería culpabilizada si no “entra” en esta categorización: “El aborto por violación o incesto, por deformación del producto de la concesión que sea incompatible con la vida o en casos de que la vida de la madre esté en riesgo.”

Tampoco creo en la imposición de que cierta “moral” religiosa tenga que inmiscuirse en los asuntos públicos. Es un asunto de la íntima convicción de cada persona que tiene derecho a ejercer su práctica religiosa en su vida privada. Solo imaginar que pasaría con los bancos de sangre si los Testigos de Jehova intentaran imponer su concepción sobre las transfusiones, o qué sería del sector productivo que labora los sábados frente a los adventistas, o nada que decir del chicharrón y el locrio de costillitas si los musulmanes y los judíos intentarán imponer su visión sobre los cerdos a toda la sociedad dominicana.

Volviendo al punto.

Cuando era estudiante de Medicina tuve la posibilidad de observar en los diferentes centros de atención ginecológica cómo muchas mujeres que, presumiendo estar embarazadas, llegaban a las emergencias con historia de sangrado transvaginal, al examen físico y las preguntas con fines de establecer la historia clínica, muchas referían múltiples razones de su sangrado, desde “caerse con una lata de agua, hasta el “inicio de sangrado sin razón aparente”.

Al examen físico, se evidenciaba el proceso que más tarde se diagnosticaba como “sangrado transvaginal difuso, se recomienda legrado”. En muchos casos, era frecuente constatar ciertos cuerpos extraños en la cavidad vaginal, que podían estar relacionados al inicio del sangrado, con situaciones tales que ponían en riesgo su vida.

 

De lo que sí estábamos seguros es que en muchos casos, las mujeres comprendían que al llegar a un centro con este tipo de situaciones, serían intervenidas con un legrado realizado por especialistas y guardando todas las medidas médicas de rigor. Sin prejuicios, ni ningún comentario que fuera a lacerar la dignidad de la paciente.

Se procedía a ser canalizada con solución mixta, para tener vía intravenosa disponible, trasladada a sala, se llamaba a anestesia, en sala se completaba la historia clínica, luego era transportada a sala de cirugía, donde se procedía a aplicar anestesia y practicarse el procedimiento de rigor, con todos los requerimientos médico-quirúrgicos que garantizaran la realización de un procedimiento seguro y viable para la paciente.

En mi experiencia como médico social comunitario he podido constatar, además, que cuando una mujer decide interrumpir su embarazo, busca cualquier medio para hacerlo, y esto es lo que puede poner en riesgo su vida, junto a, en algunos casos, por la tara moral que ha acarreado esta situación, a legrados hechos en condiciones que no son óptimas; falta de asepsia, carencia de equipos e instrumental adecuados, tensiones acumuladas por la ilegalidad, falta de seguimientos médicos, precaria cobertura anti infecciosa, etc). Estas situaciones se contraponen al compromiso médico ginecológico de garantizar la buena salud y la vida de las mujeres.

En muchos casos, ante la decisión de interrumpir un embarazo, se involucra la pareja, las mejores amigas, vecinas, red que suple en los barrios las pastillas y suplementos herbarios que se usan para provocar el inicio del aborto, etc.

Es una decisión que involucra a las personas protagonistas de la situación, por eso es importante hacer de esa decisión un espacio seguro para la salud de las mujeres.

Ahí radica la importancia de despenalizar esta práctica y quitarle el peso moral que ha acarreado en los últimos años.

Por otro lado se precisa resaltar lo establecido por El Comité contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas, el órgano de aplicación e intérprete más autorizado de la Convención contra la Tortura de 1984, ha estipulado que los Estados que tienen una prohibición absoluta del aborto en cualquier circunstancia exponen a mujeres y niñas a la situación de ser humilladas y tratadas con crueldad.

En América Latina esos países son siete: República Dominicana, El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití y Surinam. En conjunto, la región posee el porcentaje más alto de abortos inseguros en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, cabe reiterar que la interrupción del embarazo es un asunto que concierne a la autonomía y responsabilidad de las mujeres y el entorno que ellas elijan involucrar, es un asunto de salud pública, donde deben garantizarse la atención y protección de la salud individual de la forma más idónea, más segura y que posibilite el ejercicio de una vida y salud sexual plenas.



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