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Ciudadanos interponen acción de amparo por falla sistémica en protección ambiental y salud pública

Demandantes denuncian incumplimiento de la Ley 225-20 sobre el uso y comercialización del poliestireno expandido (foam)

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📷 Una imagen que muestra el daño de los desechos de foam al medio ambiente.

Santo Domingo, RD. – Hernani A. Aquino Hernández y Ricardo Ripoll presentaron este jueves una acción de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo, denunciando lo que califican como una grave falla sistémica en la gobernanza ambiental y de consumo en República Dominicana.

La acción está dirigida contra instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente (MIMARENA), el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Pro Consumidor, INDOCAL y empresas privadas como Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Bravo y ADIPLAST. Se señala el incumplimiento de la Ley 225-20, que prohíbe el uso y comercialización del poliestireno expandido (foam), un material contaminante y potencialmente carcinógeno.

Según los accionantes, la inacción estatal y las prácticas ilegales del sector privado vulneran el derecho constitucional de los ciudadanos a un medio ambiente sano y a la salud pública. Para sustentar su reclamo, presentaron evidencia como una certificación de INDOCAL que confirma la ausencia de registros de aditivos biodegradables para el foam, así como un acto de alguacil notificando a las entidades involucradas.

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Entre las medidas solicitadas, los demandantes exigen: fiscalización inmediata, el retiro de productos no certificados, la publicación de alternativas sostenibles y una auditoría ciudadana para garantizar el cumplimiento de la Ley 225-20, cuya prohibición total del foam entra en vigor el 2 de octubre de 2025.

Además, solicitan imponer un astreinte conminatorio y solidario de RD$100,000.00 por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia, a favor de una entidad dedicada a la protección ambiental.

Los accionantes están representados por los abogados Máximo Juan Miñoso Santoni, Hanfiel Antonio Polanco Ramos y J. Rafael Céspedes Amparo. Destacan que este caso no solo busca hacer cumplir la ley, sino también sentar un precedente para la protección del medio ambiente y los derechos del consumidor en el país, promoviendo prácticas sostenibles que salvaguarden la salud pública y el ecosistema.

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