Santo Domingo.- El Ministerio de Interior y Policía (MIP) anunció la implementación de una gracia económica especial que permitirá a los ciudadanos con licencias de porte y tenencia de armas de fuego vencidas desde hace más de un año, renovar y regularizar su estatus legal entre este miércoles y el 31 de diciembre de 2025.
La medida, formalizada mediante la Resolución No. MIP-RR-0008-2025, busca no solo facilitar a los usuarios el proceso de actualización, sino también reforzar los mecanismos de control y regulación del Estado en cumplimiento de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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Objetivo de la iniciativa
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, explicó que este proceso de gracia persigue dos fines principales:
- Facilitar la regularización de los ciudadanos, evitando sanciones a quienes han incumplido con los plazos establecidos.
- Actualizar la base de datos nacional de licencias, fortaleciendo la seguridad ciudadana a través de un registro más confiable y transparente.
“Con esta resolución ofrecemos una oportunidad a los ciudadanos para que se pongan al día con sus licencias, evitando sanciones y fortaleciendo la seguridad mediante un registro actualizado”, afirmó Raful.
Reducción de pagos según el tiempo de vencimiento
El programa contempla una reducción considerable en los pagos de renovación, ajustados a los años de atraso:
- De 1 a 4 años vencidos: pago equivalente a 1 año.
- De 5 a 10 años vencidos: pago equivalente a 2 años.
- Más de 10 años vencidos: pago equivalente a 3 años.
Al concluir el período de gracia, los titulares que no hayan actualizado sus documentos quedarán expuestos a las sanciones establecidas en la Ley 631-16.
Ejecución del plan
La resolución instruye a la Dirección de Registro y Control de Porte y Tenencia de Armas a implementar los mecanismos administrativos y logísticos necesarios para garantizar la efectividad del programa, desde la atención ciudadana hasta la integración de los datos en el sistema nacional.
Con esta medida, el MIP busca un equilibrio entre la regularización de los usuarios y el fortalecimiento de la seguridad pública, en un contexto donde la tenencia de armas requiere un control más riguroso.
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