Informes periodísticos ayudaron caso Medusa

SANTO DOMINGO.-Los informes periodísticos incidieron en el proceso de investigación del Caso Medusa, ayudando tanto a las autoridades como a los que figuraban como propietarios de empresas sin su consentimiento.

El expediente acusatorio cita, por ejemplo, que una de las primeras alarmas sobre el fraude en el suministro de los alimentos para los presos fue gracias a una investigación de la periodista Alicia Ortega.

La reacción de la administración de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría fue destinar millones de pesos para contratar a personas que se dedicaran a hostigar y desacreditar a los periodistas.

Conformaron una lista de los que ellos consideraban detractores.
El cerebro de esa operación era el imputado Miguel José de Moya, a quien la acusación le atribuye haber cobrado decenas de millones de pesos y lo disfrazaba facturando supuestos entrenamientos de personal, los cuales nunca se realizaron, según consta en la acusación del Ministerio Público.

En esa tarea también participaba Patricia Elmúdesi.
Práctica reprobable
El tecnólogo Pavel De Camps señaló ayer que el uso de los bots se empezó a popularizar en el 2012.
Explicó que por lo general, son cuentas creadas en el exterior y que aunque las redes han desarrollado mecanismos para mitigar la práctica, no es suficiente.

Entre los periodistas y comunicadoras víctimas de ataques están Altagracia Salazar, Edith Febles, Marino Zapete, Patricia Solano, Sergio Carlo, Lucienne Carlo, Somos Pueblo, Huchi Lora, Laura Díaz, Daury Santana, Ricardo Nieves y Juan Bolívar Díaz.

La Unidad de bots era parte del departamento de “Campañas Sociales”.
La unidad estaba conformada por un equipo ubicado en un bien incautado y se dedicaba a manipular las tendencias de favorabilidad hacia la figura del exprocurador y atacar a los detractores.

Exfuncionaria devuelve apartamento de fraude
Devolución. La recién renunciante presidenta de la Comisión de Defensa Comercial (CDC) entregó junto a su esposo un apartamento que estaba bajo la posesión de ellos, pero que resultó ser propiedad del exprocurador.

Paola Michelle Vásquez Rodríguez, quien había sido designada en el cargo el 7 de diciembre de 2017 y sustituida hace poco por Juan Ramón Rosario Contreras, hizo entrega voluntaria al Ministerio Público del apartamento ubicado en la Torre Veneto IV. El inmueble se compró con el dinero del fraude en la construcción del parqueo de la Fiscalía del Distrito Nacional.