Federico Alberto Cuello
El 16 de agosto 2022 el presidente Joe Biden promulgó la “ley de reducción de la inflación”. Es la versión final del proyecto aprobado en otoño 2021 por la Cámara de Representantes para “reconstruir mejor” la economía estadounidense después del Covid-19.
Al pasar al Senado, el demócrata Joe Manchin (Virginia occidental) objetó los impuestos al contenido carbónico de los productos.
Tampoco aceptó descontinuar las inversiones en combustibles convencionales, ahora que la guerra en Ucrania y el consecuente boicot a Rusia han reducido la oferta mundial de gas natural y de petróleo, elevando así sus precios internacionales.
La ley, aprobada en el Senado y en la Cámara de Representantes exclusivamente con los votos demócratas, permitirá a EEUU reducir sus emisiones en 40% para el 2030.
Utiliza incentivos – exenciones fiscales, préstamos concesionales y subsidios directos – para acelerar la transición energética en todos los sectores.
En la agricultura, asigna US$20 mil millones para reducir las emisiones contaminantes de gas metano, fundamentalmente cambiando la dieta del ganado, gestionando mejor sus alimentos y mejorando el uso del suelo.
En la energía, los generadores convencionales recibirán US$85 por tonelada de carbono capturado y almacenado, en vez de los US$50 devengados antes de promulgada la ley.
Los fabricantes de paneles solares, baterías, turbinas eólicas, plantas geotérmicas y reactores nucleares avanzados recibirán US$30 mil millones.
La producción de hidrógeno verde recibirá créditos fiscales por US$5 mil millones.
También renueva los incentivos por US$5.5 mil millones a la fabricación de biocombustibles.
En la industria, la ley dispone US$6 mil millones en créditos fiscales y subsidios para reducir la contaminación del aire, particularmente en la fabricación de acero, cemento y químicos.
Asigna además US$10 mil millones en exenciones tributarias a la fabricación de carros eléctricos y de tecnologías para la generación renovable de energía.
Los consumidores recibirán subsidios directos al comprar paneles solares, carros eléctricos (nuevos o usados) y bombas de calor.
El gobierno pagará parcialmente, además, el costo de reforzar el aislamiento térmico de los hogares, de instalar bombas de calor que aporten calefacción en el invierno y aire acondicionado en el verano, y de actualizar el cableado eléctrico.
Y si viven en comunidades desfavorecidas, tendrán US$60 mil millones para instalar tecnologías libres de emisiones contaminantes y mitigar la polución generada en autopistas y depósitos de autobuses.
Las medidas reducirán tangiblemente las emisiones de gases con efecto invernadero provenientes de uno de los dos países que más contaminan, por un costo total de US$369 mil millones.
La ley financiará dichas medidas facultando al gobierno a negociar a la baja el precio de los medicamentos – ahorrando US$288 mil millones – y a cobrar impuestos mínimos a las corporaciones que facturan más de US$1 mil millones anualmente, generando US$313 mil millones.
Permitirá cambiar comportamientos en la producción y el consumo sin paralizar la generación convencional o incrementar el déficit fiscal.
Inesperadamente, la política – arte de lo posible – encontró la forma de luchar contra el cambio climático combatiendo a corto plazo la inflación.
¿Contribuirá ahora esta ley con la “greenflación”, alentando aumentos en los precios de los minerales críticos?
