El Día 
Once personas murieron luego de una explosión ocurrida el pasado sábado 3 de octubre, como consecuencia de una fuga en el establecimiento ubicado en la comunidad Monte Adentro de Licey al Medio.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes el cierre de tres estaciones de expendio de la empresa COOPEGAS, tras la muerte de 11 personas en la explosión de una envasadora de gas de dicha compañía, ubicada en Licey, Santiago.
La institución señaló que los tres establecimientos fueron clausurados el pasado 9 de octubre, luego de que en la investigación integral realizada por el MICM a COOPEGAS, se identificaron irregularidades. Las estaciones están ubicadas en Valverde, Montecristi y La Victoria.
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Precisó que no obstante la vigencia del título habilitante de operación que tenía la estación objeto de la explosión, inició un proceso sancionador contra COOPEGAS, en virtud de la ley que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes No.37-17 y la ley sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados No.17-19.
«Desde el momento del siniestro, pusimos en marcha una investigación exhaustiva para identificar las circunstancias que derivaron en esta lamentable situación, deviniendo en el cierre de la referida estación», enfatizó el MIC.
Asimismo, comunicó que la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio (DSCEE) ha inspeccionado más de 300 estaciones a nivel nacional, lo cual ha derivado en la clausura de 51 estaciones o proyectos en construcción en los que se han identificado irregularidades.
Asimismo, señaló que la consultoría solicitada al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a finales del mes de agosto de este año, referida al proceso de permisología de todas las estaciones de expendio de combustible en el territorio nacional, deberá concluir en los primeros 100 días de esta gestión.
La institución reafirmó su responsabilidad de garantizar la seguridad en el mercado de los combustibles mediante la permanente y rigurosa evaluación del cumplimiento de las disposiciones vigentes por parte de los actores intervinientes.
