Lima.- El Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú (PNP) incautaron este martes siete avionetas al alcalde de la ciudad andina de Cajamarca, Joaquín Ramírez, quien está siendo investigado por la presunta comisión de lavado de activos cuando era secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular.

El operativo se realizó de manera simultánea en tres distritos de Lima (San Isidro, Surco y Jesús María), así como en el sureño departamento de Ica, donde las autoridades incautaron las siete aeronaves de un aeródromo que funcionaba como un “centro de capacitación de pilotos”, detalló el ministro del Interior, Vicente Romero, en una rueda de prensa.

Romero aseveró que este es el segundo caso más grande de lavado de activos en Perú y precisó que, en el operativo de hoy, se incautarán más de 1.000 millones de dólares a favor del Estado, en un promedio de 295 bienes, entre ellos las avionetas y varios edificios y vehículos.

La diligencia de la incautación, en la que participaron una cuarentena de representantes del Ministerio Público y decenas de efectivos policiales, también se realizó con allanamiento de bienes diversos en la universidad Alas Peruanas, que no cuenta con reconocimiento oficial.

También en otros inmuebles vinculados a los 14 investigados por este caso, entre ellos Ramírez, quien en enero pasado asumió la alcaldía de la ciudad de Cajamarca, capital del norteño departamento homónimo.

Ramírez fue congresista por el partido Fuerza Popular entre 2011 y 2016 y, durante este periodo, la Fiscalía le abrió una investigación por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, pero luego la acusación cambió a lavado de activos, según señaló en la conferencia el titular de Interior.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Ramírez habría financiado la campaña presidencial de 2016 de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con dinero ilícito.

En la rueda de prensa, el ministro Romero destacó que resultados de este operativo “dan como muestra la efectividad y profesionalidad” de la Policía Nacional y la Físcalía para enfrentar al crimen organizado. “Estamos dando un mensaje claro como gobierno, como operadores de Justicia, de que vamos a cambiar las cosas y que no va haber impunidad”, coincidió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello.