Los gobiernos locales son la instancia más cercana a la ciudadanía y tienen la responsabilidad de proveer bienes y servicios públicos esenciales para el bienestar y el desarrollo de sus comunidades.

Sin embargo, no todos los municipios cuentan con las mismas capacidades institucionales, financieras y técnicas para cumplir con esta función.

Por ello es necesario impulsar la mejora de la calidad institucional y la eficiencia de los gobiernos locales, así como fomentar la participación y la rendición de cuentas de los actores públicos y privados involucrados en la gestión municipal.

La calidad institucional se refiere al conjunto de normas, reglas, procedimientos y prácticas que regulan el funcionamiento de las instituciones públicas y que determinan su capacidad para cumplir con sus objetivos y responder a las demandas sociales.

La calidad institucional implica, entre otros aspectos, el respeto al estado de derecho, la transparencia, la profesionalización, la coordinación, la innovación y la evaluación de los procesos y resultados de la gestión pública.

La eficiencia, por su parte, se relaciona con la optimización de los recursos disponibles para lograr los mejores resultados posibles con el menor costo posible. La eficiencia implica, entre otros aspectos, la planificación, la ejecución, el seguimiento, el control y la mejora continua de los proyectos y programas públicos.

La calidad institucional y la eficiencia son dos elementos básicos para el buen gobierno de los municipios, ya que influyen directamente en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a la población.

Los servicios públicos son aquellos que satisfacen necesidades colectivas o individuales de carácter esencial, como la educación, la salud, la seguridad, el transporte, el agua, la energía, el saneamiento, la recolección de residuos, el alumbrado, el mantenimiento de espacios públicos, entre otros.

La calidad de los servicios públicos se puede medir desde diferentes perspectivas, como la cobertura, la accesibilidad, la continuidad, la oportunidad, la seguridad, la equidad, la sostenibilidad y la satisfacción de los usuarios.

La calidad de los servicios públicos depende, en gran medida, de la capacidad de los gobiernos locales para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía, así como de la articulación y colaboración con otros niveles de gobierno y con los sectores privado y social.

Los servicios públicos de calidad no sólo contribuyen al bienestar y al desarrollo de las personas, sino que también fortalecen la confianza y la legitimidad de las instituciones políticas. Los ciudadanos que perciben que los servicios públicos son de calidad tienden a tener mayor confianza en las autoridades locales y en el sistema democrático. Asimismo, los servicios públicos de calidad generan un entorno propicio para la inversión, el turismo, el comercio y la innovación, lo que se traduce en un mayor crecimiento económico y social.

Por lo tanto, se puede afirmar que la principal función de los gobiernos locales es satisfacer a sus habitantes basados en los servicios municipales de calidad, ya que esto implica mejorar la calidad de vida, fortalecer la gobernabilidad democrática y promover el desarrollo sostenible de los territorios.

Para lograrlo se requiere de un compromiso y una voluntad política de los actores locales, así como de una visión estratégica, participativa e integral de la gestión municipal.

*Por Víctor Féliz Solano