El Día 
Víctor Féliz Solano
El impuesto predial, también conocido como el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria (IPI), tiene una naturaleza esencialmente municipal debido a su vínculo directo con el territorio y los bienes inmuebles que forman parte de la cotidianidad de las comunidades. Sin embargo, en nuestro país, este impuesto es recaudado y administrado a nivel nacional por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), lo que desvincula sus ingresos del impacto local que debería generar.
Este enfoque centralizado limita significativamente la autonomía financiera de los ayuntamientos, que son los responsables directos de gestionar las ciudades y comunidades, muchas veces con recursos extremadamente limitados. La propuesta de trasladar la administración del impuesto predial a los ayuntamientos responde a la lógica territorial de este tributo y, además, también tiene el potencial de transformar profundamente la manera en que se gestionan las ciudades y comunidades.
En primer lugar, esta medida garantizaría un flujo de ingresos más consistente y significativo para los gobiernos locales, permitiéndoles atender de manera más eficiente las necesidades básicas de la población.
Servicios como el mantenimiento de calles, alumbrado público, recolección de desechos sólidos y conservación de espacios públicos serían fortalecidos, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos.
Además de fortalecer las finanzas municipales, la transferencia del impuesto predial crearía un vínculo directo entre los ciudadanos y sus gobiernos locales.
Cuando los habitantes de una comunidad ven que sus contribuciones fiscales se invierten en mejorar su entorno inmediato, se genera un sentido de corresponsabilidad que fomenta una participación activa en la gestión pública. Esto transforma a los ciudadanos en dolientes directos del manejo de los recursos, incentivándolos a exigir mayor transparencia y eficiencia en el gasto público.
Este tipo de presión ciudadana es fundamental para disciplinar el uso del presupuesto municipal, obligando a los ayuntamientos a priorizar proyectos que realmente respondan a las necesidades de la comunidad.
Otro aspecto positivo de esta propuesta es que contribuiría a una mayor equidad en la distribución de recursos. Actualmente, los municipios dependen en gran medida de las transferencias del Gobierno central, las cuales, aunque establecidas por ley, suelen ser insuficientes y desiguales.
Al gestionar directamente el impuesto predial, cada ayuntamiento tendría la capacidad de generar ingresos propios en función de la actividad económica y la infraestructura de su territorio.
Esto permitiría reducir la dependencia del nivel central y promover un desarrollo más equilibrado entre las diferentes regiones del país. Sin embargo, para que esta transferencia sea exitosa, es necesario superar ciertos desafíos estructurales.
Muchos municipios carecen de sistemas catastrales actualizados y de la capacidad administrativa necesaria para gestionar este impuesto de manera eficiente.
Por ello, sería fundamental acompañar esta medida con un programa integral de fortalecimiento de las capacidades municipales.
Esto incluiría la modernización de los catastros, la capacitación del personal administrativo y la creación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que generen confianza en los ciudadanos.
Asimismo, la implementación de esta medida debería ir acompañada de políticas que fomenten la participación ciudadana. La institucionalización del presupuesto participativo, por ejemplo, permitiría a las comunidades decidir de manera conjunta con sus autoridades cómo se deben invertir los ingresos generados por este impuesto.
Este tipo de iniciativas no sólo fortalecería la democracia local, sino que también aumentaría la legitimidad de los gobiernos municipales, promoviendo una relación más cercana y efectiva entre las autoridades y los ciudadanos.
La transferencia de este impuesto a los ayuntamientos también podría sentar un precedente positivo para la descentralización fiscal en general, incentivando a otros niveles de gobierno a adoptar prácticas similares.
Este cambio beneficiaría a los gobiernos locales y contribuiría al desarrollo sostenible del país, fortaleciendo las bases de una democracia más participativa y equitativa.
*Por Víctor Féliz Solano
