Federico Alberto Cuello
Según la BBC, no existe evidencia documental de los despojos cometidos durante la ocupación de 1822-1844.
Dicha afirmación se apoya en las declaraciones de la historiadora María González Canalda al reportero Darío Brooks (https://www.bbc.com/mundo/noticias-62102537).
El reportaje cuestiona si la ocupación resultó de una “invasión” o si fue la “reunificación” de la isla bajo un solo gobierno, pues Boyer y su ejército habían sido “invitados” por “grupos de población de la frontera”.
«Las personas salían a saludarlo porque él traía la abolición de la esclavitud, el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la población”, dijo la historiadora al reportero.
De haberse leído a los propios historiadores haitianos, otras serían sus afirmaciones.
Claramente se trató de una invasión, con 12 mil soldados en dos grupos, uno a través de Dajabón y Santiago y el otro vía San Juan y Azua, vulnerando la soberanía de un territorio que ya era independiente de España y que contaba con una constitución provisional.
Claramente se impuso en 1822 una constitución, la haitiana de 1816, que denegaba derechos civiles a los no-negros, dando carácter constitucional a los despojos que fueron luego cometidos.
Todo esto y mucho más se puede encontrar en los libros de Jean Price-Mars y de Thomas Madiou.
Basta con leer los fragmentos del discurso de Boyer al Senado de su país, justificando el 21 de diciembre de 1821 la invasión ante la declaración de independencia del 1 de diciembre del mismo año, “una crisis política de trascendental importancia y que requiere la intervención tan rápida como enérgica de todas las autoridades a las cuales están confiados los destinos de Haití”, en una isla “cuyas costas, siendo accesibles, necesitan que toda su población sea una e indivisible bajo una misma dirección” (Boyer, citado por Price-Mars en su “Historia de la República de Haití y la República Dominicana”, p. 190).
Basta con examinar el artículo 44 de la constitución de 1816, citada por los autores, para entender por qué nadie que no fuera “negro, mulato o indio” podía considerarse como haitiano y gozar de derechos civiles, entre los cuales el derecho a la propiedad de la tierra.
“¿No era esto la última de las incongruencias, semejante pretensión de adaptar aquel traje hecho sobre medida a otro cuerpo social cuya morfología nadie había estudiado aún suficientemente?” como dice Price-Mars en la página 196 de su publicación antes citada.
Nadie puede acusar de “antihaitianismo” a estos rigurosos historiadores que sustentan sus argumentos con citas textuales de fuentes documentales y personajes protagónicos.
Derrocado Boyer en 1843, tanto Madiou como Price-Mars cuentan que un tal Buenaventura Báez, recién llegado de estudiar derecho en París, propuso en la convención constitucional igualar los derechos civiles sin distinción de razas, moción que fuera rechazada abrumadoramente.
Poco tiempo después surgiría la República Dominicana un glorioso 27 de febrero de 1844, la cual defendieron desde entonces hasta los esclavos liberados de nuestro lado de la isla.
Pretender ignorar la evidencia es construir otro discurso “políticamente correcto” para cuestionar nuestro derecho soberano a repatriar indocumentados y a blindar nuestras fronteras frente a la ingobernabilidad de los vecinos.
