Santo Domingo.–Human Rights Watch señaló que la prohibición total del aborto en la República Dominicana representa una amenaza para la vida y la salud de las mujeres y vulnera sus derechos.
Un informe divulgado hoy por la organización sostiene que en la República Dominicana el aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo supone un riesgo para la vida, es inviable o el resultado de una violación.
El informe de 87 páginas, titulado: ‘Es tu decisión, es tu vida’: La criminalización total del aborto en la República Dominicana”, documenta evidencias de que mujeres y niñas que enfrentan embarazos no deseados se someten a abortos clandestinos, a menudo asumiendo un grave riesgo para su salud y su vida.
«Muchas experimentan complicaciones de salud a raíz de abortos practicados en condiciones inseguras, y algunas incluso mueren. Algunas mujeres y niñas sufren abusos, desatención o maltrato por parte de proveedores de la salud. La prohibición no impide que haya abortos, sin que hace que sean clandestinos y menos seguros. Como punto de partida para cumplir las obligaciones asumidas por el país en materia de derechos humanos, el Congreso debería despenalizar el aborto en tres circunstancias», apunta Human Rights Watch.
“Las mujeres y niñas en la República Dominicana siempre han desafiado la prohibición, pero se han visto obligadas a poner en riesgo su salud y su vida al interrumpir embarazos clandestinamente”, expresó Margaret Wurth, investigadora sénior sobre Derechos de la Mujer de Human Rights Watch y autora del informe.
La organización defensora de los derechos humanos considera que “el Congreso debería despenalizar el aborto y asegurar que las mujeres y niñas tengan acceso a abortos seguros y legales, practicados por proveedores capacitados, en vez de dejar que tengan que recurrir a métodos clandestinos inseguros”.
Human Rights Watch entrevistó en cuatro provincias a 50 mujeres y niñas de entre 15 y 43 años, que en todos los casos habían estado embarazadas al menos una vez, así como a decenas de proveedores de la salud y de servicios sociales y otros expertos.
«El Código Penal del país prevé penas de hasta dos años de prisión para las mujeres y niñas que induzcan abortos, y de hasta 20 años para los profesionales médicos que los practiquen. Aunque no es habitual que se procesen penalmente casos de aborto, las sanciones penales instalan un temor extendido y un estigma pernicioso. Debido a las sanciones, los proveedores de la salud no pueden interrumpir embarazos cuando sería aconsejable hacerlo según criterios médicos, sin poner en riesgo sus carreras ni exponerse a penas de prisión», indica.
Human Rights Watch manifiesta que la prohibición perjudica de manera desproporcionada a mujeres y niñas de zonas de bajos recursos y rurales, que tienen menores posibilidades de viajar a otro país donde el aborto sea legal o de encontrar proveedores de aborto clandestinos más seguros.
«Las investigaciones indican que la existencia de leyes restrictivas y sanciones penales no disminuye la incidencia del aborto. Diversos órganos especializados que interpretan el derecho internacional de los derechos humanos han establecido que negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación que atenta contra una multiplicidad de derechos humanos», agrega el informe.
