SANTO DOMINGO.-El gobierno de Honduras comunicó a la República Dominicana que garantiza al depuesto presidente Manuel Zelaya, refugiado en el país, que puede retornar a Tegucigalpa para responder en plena libertad por los supuestos actos de corrupción que se le imputan.
El Ministerio Público emitió un comunicado en el que garantizan que el ex presidente podrá defenderse en libertad.
El documento, firmado por el fiscal general Luis Rubí, expone la posición del Ministerio Público de Honduras en el que flexibiliza las acciones incoadas y fue dirigido vía diplomática al gobierno dominicano y los demás países acreditados ante el Gobierno de Honduras, la dirigencia política nacional y ONG.
Agrega que en cuanto a los delitos excluidos del Decreto en referencia, ratifica su respeto a los principios de estado de inocencia, debido proceso y a ser escuchado en libertad, por el carácter excepcional de la prisión preventiva, así como a cualquier otra formalidad y garantía procesal, que en el marco del estado constitucional de derecho corresponda a los sospechosos de los delitos en cuestión".
Según el gobierno de PorfirioLobo, esta garantía garantiza que Zelaya podrá defenderse en libertad, en el caso que este decida presentarse voluntariamente a los tribunales.
La orden de captura continúa vigente, la que se dejará en suspenso si el juez conocedor de la causa concede una petición de abogados de Zelaya de presentarse voluntariamente.
El MP interpuso dos acusaciones contra Zelaya por delitos ligados a actos de corrupción. En el primero se le supone responsable de tres delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
Según la Fiscalía, se desviaron unos 27 millones de lempiras para pagos de publicidad mediante la emisión de injustificados decretos de emergencia.
En otro requerimiento la Fiscalía le imputa falsificación de documentos públicos, dos delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública y fe pública.
El caso refiere al despilfarro de 30 millones de lempiras del FHIS para el pago de publicidad de la ilegal cuarta urna, valiéndose de un decreto de emergencia.
En el comunicado el MP concretó el cumplimiento del Decreto Legislativo 2-2010, que contiene la Amnistía General por delitos de naturaleza política y delitos comunes conexos.
El MP hace saber, "Que en estricto cumplimiento del Artículo 3 de la referida normativa ha procedido al archivo administrativo de los expedientes investigativos relacionados con los delitos a que se refiere el Decreto indicado".
Igualmente, el MP "reconoce la facultad de los órganos jurisdiccionales para sobreseer las causas sometidas a su conocimiento, que se encuentren comprendidas al amparo de la gracia concedida en el decreto de amnistía".
En el primer requerimiento interpuesto contra Zelaya la Fiscalía le imputó delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, expediente que queda en el olvido.
