Hipólito Mejía propone reformas legales, políticas y sociales para combatir corrupción

Santo Domingo.-El expresidente Hipólito Mejía afirma que en América Latina y El Caribe la corrupción se apropia de recursos económicos públicos y privados que, bien usados, podrían servir al bien común, deberían servir para mejorar la calidad de vida de las familias, el fortalecimiento institucional y una distribución más equitativa de la riquezas de los países de la región.

Afirmó que una evidencia de esa realidad es que sólo en el año 2015 la corrupción costó en el área cerca de ciento cuarenta y dos mil novecientos veinte millones de dólares, cifra que representa el tres por ciento de lo que se produce en la región.

El expresidente Mejía disertó sobre el tema » Política y Corrupción» en la Octava Conferencia Regional de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación (UITA), celebrada en un hotel del Este.

Consideró que es de rigor que las instituciones del Estado cumplan y hagan cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública, promulgada el 28 de julio del 2004.

«Las veedurías en esas instituciones deben servir para fortalecerlas y hacerlas más transparentes, en lugar de acomodarse a la falta de transparencia», agregó el exjefe de Estado.

Mejía propuso llegar a un consenso para que las políticas sociales realmente contribuyan a reducir la desigualdad social y a luchar contra la pobreza, antes que ser instrumentos clientelistas para mantenerse en el poder.

«Está demostrado que los programas sociales que operan sin transparencia son vulnerables a la corrupción, especialmente en coyunturas de catástrofes naturales y/o de campañas electorales», dijo.

«Es necesario priorizar la capacitación de nuestra gente como garantía para que la población socialmente excluida se vincule a procesos productivos y mejore sus ingresos».

Sobre JCE

Mejía indicó que en los últimos procesos electorales han demostrado que es inaplazable reformar la Ley Electoral y aprobar una Ley de Partidos Políticos, para garantizar la imparcialidad de las Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral.

«En las últimas elecciones esas instituciones han sido instrumentos al servicio del PLD. Asimismo, es imperativo poner límites a los gastos en las campañas y regular el financiamiento de los partidos y el uso equitativo de los medios de comunicación», señaló.