Por Dr. Diego Valero*
Estamos en territorio desconocido, nunca antes, en nuestras generaciones, había el mundo vivido una situación con la dimensión que la pandemia del coronavirus nos ha atacado. Por eso, las respuestas que se producen no estaban en ningún manual de instrucciones. Primero tenemos una crisis sanitaria, que es la prioridad de todos los gobernantes y de los ciudadanos, y segundo, tendremos una crisis económica derivada de la paralización de la actividad y de la actuación de los gobiernos y sus efectos en los balances presupuestarios.
Con respecto a esta segunda, a la crisis económica, es de un alcance tal (golpea a todos los sectores de la población, y en todo el mundo), que los únicos con capacidad de confrontarla son los Estados. Los ciudadanos, por buena voluntad que pongamos, no podemos con este gigante, y tiene que ser el Estado el que administre todos los recursos a su alcance para paliar las consecuencias económicas de la crisis. Es lo que están haciendo prácticamente todos los gobiernos del planeta, liderar las respuestas a la crisis.
Y el foco prioritario de los gobiernos no puede ser otro que la población que sufre. Debe apoyar a las empresas para que mantengan en lo posible la actividad y que no cancelen a los trabajadores. Debe apoyar a los propios trabajadores directamente dándoles subsidios para necesidades básicas. Y debe hacerlo con los medios de que dispone, que son básicamente la deuda pública y los prestamos específicos de organismos internacionales.
En la República Dominicana, al igual que en algún otro país, ha surgido una iniciativa que interfiere en esta responsabilidad que el Estado debe asumir, y que no es otra que permitir el acceso a los fondos de pensiones. Seguramente con la buena intención de ayudar a los trabajadores, esta propuesta es sin embargo perniciosa para los propios trabajadores. Tal vez no ha habido suficiente análisis técnico, y la propuesta se ha deslizado con facilidad por el tobogán electoral como una salvación para la población.
La trastienda de esto tiene algunas consecuencias, irreparables, que conviene conocer. Por supuesto, luego los legisladores decidirán, pero sería bueno que, antes de aprobar algo que no tiene vuelta atrás, toda la población sea consciente de que pasaría en tal caso.
Por una parte, las pensiones de los trabajadores a futuro se verían muy mermadas, en promedio un 25%, o lo que es lo mismo, deberían trabajar más de dos años adicionales para cobrar la misma pensión a la que tendrían derecho ahora.
Los trabajadores afectados por esta medida serían solo los que tienen saldo acumulado suficiente. Como el sistema inició hace apenas 17 años, para muchas personas el monto acumulado todavía es bajo. De hecho, apenas un millón de trabajadores (los de mayores salarios), podrían recuperar una cuantía equivalente a tres salarios mínimos. Pero sobre todo, es que el 60% de la población dominicana trabaja en el sector informal, y no cotiza a la Seguridad Social. Esto supone que ese 60% no tendría absolutamente nada, y otros tres millones, que sí están afiliados pero no cotizan o su cotización es muy baja, tendría algo muy cercano a nada.
Como el global acumulado de fondos sí es importante, cercano al 15% del PIB, una irrupción masiva de liquidez en la economía produciría importantes desequilibrios económicos. En primer lugar, subida de precios, pues disponiendo de más dinero para comprar los mismos bienes, es inevitable que el precio de éstos suba.
En segundo lugar, podría tener graves impactos en la financiación del Estado. Esto conviene aclararlo un poco: el Estado, para poder sufragar toda la inversión y gasto público (desde carreteras hasta escuela, desde jueces a maestros), necesita financiarse, y a lo que no llega con impuestos lo hace emitiendo deuda pública. Los compradores de deuda pública pueden ser instituciones locales o extranjeras.
Sin duda es mejor que los compradores, mayoritariamente, sean locales, porque eso supone que para el Estado es más barata la financiación, y porque no depende de agentes extranjeros que pueden tener intereses distintos, en algún momento, a los del Estado y la población dominicana. Y los inversionistas locales son, principalmente, los fondos de pensiones, que son los que acumulan mayor cantidad de recursos para invertir.
Por tanto, se produce un círculo beneficioso para todos, los ciudadanos tienen servicios y bienes públicos, el Estado se endeuda a precios razonables, y los fondos de pensiones compran la deuda, dan una buena rentabilidad a sus afiliados, y apoyan al Estado y a la sociedad para su desarrollo.
Pues bien, si tuvieran que deshacerse las inversiones de los fondos de pensiones en instituciones estatales, habría que buscar un comprador, sin duda internacional, que empujaría a la baja los precios (disminuyendo la rentabilidad de los fondos de pensiones, y por tanto, disminuyendo las pensiones de los trabajadores) al tener que venderse con rapidez una gran cantidad de deuda, y que podría fijar condiciones lesivas a futuro para el Estado dominicano (y por tanto, para su población).
Los fondos de pensiones nacionales buscan rentabilidad para el afiliado, en un marco de seguridad, y apoyo al desarrollo económico del país. Los inversionistas extranjeros buscan rentabilidad para sus socios.
Y esta dependencia de financiación externa afectaría sin duda a la tasa de cambio del peso, con lo que, en un país netamente importador, el empobrecimiento de la población sería manifiesto.
En suma, el derecho a la Seguridad Social, recogida en la Constitución dominicana, se instrumenta legalmente a través de los fondos de pensiones, instituciones como las que funcionan en todo el mundo, y que tienen como fin único y exclusivo la cobertura de las pensiones de la población.
Es importante que eso siga siendo así, porque todos vamos a llegar a viejos y a querer tener una pensión para no ser una carga para nuestras familias. Es el momento en que sea el Estado, y no los propios trabajadores, quien asuma los costos que tiene esta pandemia.
*El Dr. Diego Valero, Presidente de Novaster. Doctor en Economía y Actuario, Profesor de la Universidad de Barcelona y Profesor y Director Académico del London School of Economics- Global Pensions Programme. Profesor de Economía en International Montessori School. Asesor de organismos multilaterales y del Parlamento español en materia de pensiones. Autor de varios libros y de más de un centenar de artículos. Ha traducido el libro de Peter Diamond (Premio Nobel de Economía 2010) y Nicholas Barr Pension reform. Experto en pensiones, es profundo conocedor del sistema dominicano de pensiones.
