Santo Domingo.- El Ministerio de Hacienda y Economía remitió a la Procuraduría General de la República el expediente correspondiente al cumplimiento de la sentencia firme que la condenó a pagar RD$1,132,800.00 a Cury & Cury, SRL, por servicios de asesoría legal adeudados desde el 2020.
El conflicto aún contempla consecuencias económicas pendientes de determinación judicial. Pero ¿por qué?
La firma de abogados solicitó la indexación de los RD$1,132,800.00 reconocidos como deuda principal, para compensar la pérdida del valor adquisitivo experimentada desde que la obligación se hizo exigible.
La actualización monetaria se fundamenta en el principio de reparación integral, que preserva el valor real del crédito después de varios años de incumplimiento.
“Una deuda del 2020 no representa económicamente lo mismo seis años después, y el transcurso de tanto tiempo no puede terminar beneficiando precisamente a quien incumplió”, expresó el Dr. Julio Cury.
La condena fue dictada por la sentencia civil núm. 034-2025-SCON-00370 del 7 de abril de 2025, de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual adquirió posteriormente autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Paradojas entorno a la PGR
Cury indicó que la Procuraduría no solo se negó a satisfacer voluntariamente una deuda contraída en el 2020, obligando a su acreedor a demandarla, sino que después de años de litigio y de adquirir firmeza la sentencia condenatoria, insista en negarse a cumplirla.
Para el doctor, esta decisión resulta paradójica.
“Quien diariamente le exige a los ciudadanos respetar la ley y las decisiones de los tribunales debería someterse a ellas cuando les resultan adversas. La cosa juzgada no puede ser obligatoria para el ciudadano y facultativa para el Ministerio Público”, afirmó.
Detalles de la condena
Según establece, la sentencia tampoco limitó la condena al pago del principal.
La PGR fue condenada, además, al pago de daños y perjuicios a ser liquidados por estado y a las costas del procedimiento, ambos pendientes de las decisiones judiciales correspondientes.
La comunicación de Hacienda señala que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria y cuenta con una asignación individualizada dentro del Presupuesto General del Estado. Sobre esa base, remitió el expediente a la PGR para que cumpla con la decisión judicial.
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