Cuando uno lee testimonios como los de la comunicadora Cristal Acevedo, se le estremece el alma. “No he podido volver a mi trabajo. Fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, de ojos, de espalda, de piernas. La tos no te permite hablar”. Son sus palabras.

“El sufrimiento es insoportable. Es como si tuvieras un incendio en la nariz que te llena de humo por dentro sin poder hacer nada para sacarlo. Esta enfermedad te permite entender que ni todo el dinero del mundo tiene el poder de aliviarte. En estos momentos la vida de todos depende de cómo podamos enfrentar el quebranto”, nos dice.
Las muertes a consecuencia del coronavirus son crecientes: más de mil personas. Los infectados superan los sesenta mil.

La situación tiende a agravarse. Las atenciones médicas escasean. Acceder a camas, ventiladores, cuidados intensivos, es casi imposible. Personas aterradas por cuanto ocurre, demandan a gritos y lágrimas que les hagan las pruebas. Inútilmente. Ese es el escenario frente al Laboratorio Nacional.

El manejo de la pandemia nos proporciona una idea de la mentalidad y la actitud de quienes han estado “administrando” los asuntos nacionales hasta el momento. Y lo que aún debemos esperar en los 22 días que restan.

¿Qué decir, por ejemplo, del intento de los encargados del Ministerio de Cultura de adquirir “113 vitrinas y 133 soportes museográficos a un costo superior a los 268 millones 206 mil 963 pesos” ahora mismo?

La comunicadora Rosa Encarnación, reveló, alarmada, que un funcionario administrativo del Palacio gastó, en dos meses, 1,7 millones de pesos en bebidas alcohólicas. Ese personaje “se hizo comprar un lapicero laminado en oro con la base en ámbar por el valor de 156 mil 350 pesos”.

En su despacho “se gastó la suma de 336 mil pesos en llavines”. De acuerdo con Juan Grullón, “en el 2017 el 63.58 por ciento del presupuesto del Ministerio de Educación se destinó a sueldos fijos”. Ese monto se duplicó los años siguientes. Siete mil millones de pesos se dedicaron “a la adquisición de alimentos”.

Movimientos inusuales se han producido en instituciones del Estado tan pronto se anunció que serían liquidadas, fusionadas o auditadas. Se habla de destrucción de documentos y archivos, desaparición de expedientes, incendios intencionales.

Se conocen las “promociones” en las instituciones castrenses y los estamentos judiciales.

En un estudio realizado por Daniel Contreras se establece que “del 1996 al 2000 el gobierno manejó un monto de 142 mil 574 millones de pesos. Del 2005 al 2012, el monto ascendió a dos billones (millones de millones) 531 mil millones”.

En el primer periodo del gobierno de Medina (2012-2016) se gastó la suma de dos billones 447 mil millones y en el segundo (2016-2020) tres billones 44 mil 196 millones.
Esos capitales hacen imperativa la ejecución de una exhaustiva auditoría de las finanzas oficiales en los periodos señalados.

A mi juicio se requiere un ejercicio preliminar, que abarque los meses previos a las elecciones del 5 de julio y se extienda hasta el venidero 16 de agosto del 2020. El motivo: los comicios y la pandemia del covid 19.

Empresas auditoras de prestigio internacional, conjuntamente con calificadas firmas criollas, deberían ejecutar una experticia minuciosa de la administración de los dineros públicos del 2012 hasta el 2020. Este ejercicio permitirá establecer las responsabilidades de lugar.

La miseria atroz que padecen miles de dominicanos, la carencia de instituciones sólidas, la inexistencia de un poder judicial independiente del poder político, el estado de violencia, delincuencia, caos social que sufrimos son sencillamente inaceptables.

Con tantos miles de millones “administrados” es inconcebible tanta miseria, tanta pobreza, tanto sufrimiento y desatención que padecen millones de dominicanos. El voto masivo del 5 de julio es un mandato categórico para que esta situación repugnante e inaceptable sea corregida de forma definitiva. El proceso comienza. Confiamos en que el momento ha llegado.