La vigente Ley de Partidos ha tenido la intención de que se estableciera un marco regulatorio a las encuestas políticas, especialmente en el ámbito de los procesos electorales.

Esa legislación apeló al reconocimiento social y la responsabilidad profesional como filtros para registrar las firmas encuestadoras ante la Junta Central Electoral.

La ley no contempló los ‘dientes’ para clavarlos a quien ejerza esa actividad sin el aval del órgano señalado para regular las encuestas políticas.

En la práctica, han sido los medios de comunicación los que han tenido que asumir el rol de no darles cabida a aquellas encuestas realizadas por firmas no registradas y sin que se identifique las personas o entidades que se hacen responsables de las mismas.

La Ley de Partidos Políticos ni el reglamento de la Junta Central Electoral ni la selectividad de los medios ha impedido la guerra de encuestas, cada una con resultados distintos y con el tinte característico de quien la paga.

Evidentemente muchas de ellas, incluso hechas por firmas registradas legalmente, no están respetando el rigor científico que se esperaba cuando en la regulación se requirió el perfil profesional de los responsables de esas empresas o el personal especializado que utilizan.

Se sabe que el resultado de una encuesta no tiene necesariamente que coincidir con el del proceso medido, en especial cuando se trata de un proceso social como son unas elecciones.

También se sabe que la fotografía social tomada en el mismo contexto debe dar resultados similares si ha habido apego al rigor científico al hacer el estudio.

EL DÍA pretende no dejarse arrastrar por esa guerra de encuestas, por lo que se mantendrá aplicando el filtro dispuesto por la Junta Central Electoral, en virtud de lo que manda la Ley de Partidos.