GUATEMALA.-La Fiscalía guatemalteca pidió en total 7.710 años de prisión contra cinco ex paramilitares que son juzgados por una masacre de 256 indígenas perpetrada en 1982 en el norte del país, durante la guerra civil, informó el fiscal del caso, Julio Herrera.
El funcionario solicitó a la titular del Tribunal de Mayor Riesgo A, Jazmín Barrios, imponer 30 años de cárcel por cada una de las 256 víctimas (7.680 años), y 30 años más por el delito de deberes contra la humanidad, lo que sería una sentencia simbólica, pues la pena máxima de prisión en Guatemala es de 50 años.
El juicio entró en la recta final tras iniciado el debate oral y público el 14 de marzo con la presencia de los acusados, los ex patrulleros civiles Eusebio Grave, los hermanos Julián y Mario Acoj, Santos Rosales y el ex comisionado Lucas Tecú, quienes fueron capturados en agosto del año pasado.
La matanza de los indígenas de la etnia maya Achí ocurrió el 18 de julio de 1982 en la comunidad de Plan de Sánchez, en el municipio de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz (norte), durante el gobierno del ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).
«Los niños, hombres y mujeres mayores fueron golpeados hasta morir», y las niñas y jóvenes violadas y asesinadas, dijo el fiscal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Guatemala en 2004 por la masacre y ordenó la investigación y persecución penal contra los responsables.
Este será el segundo juicio por una masacre que llega a esa fase en Guatemala, donde la impunidad alcanza el 98% de casos en los tribunales, según organismos de derechos humanos.
Por la masacre de 201 campesinos perpetrada en una aldea de Petén (norte), también perpetrada en 1982 durante el gobierno de facto de Ríos Montt, fue condenado el 12 de marzo el militar Pedro Pimentel a 6.060 años.
En el mismo proceso por esa matanza fueron condenados en agosto pasado cuatro ex militares a 6.060 años.
Una Comisión de la Verdad de la ONU documentó 669 masacres durante la guerra civil, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado, la mayoría durante los gobiernos de facto de Ríos Montt y Oscar Mejía (1983-1986).
Tanto las PAC como la figura del comisionado militar -un civil infiltrado por el ejercito entre la población- fueron creados por el ejército durante la guerra y quedaron disueltas con la firma de los acuerdos que en 1996 pusieron fin a 36 años de conflicto, que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos.
