Vincho Castillo califica de barbaridad ausencia del PLD, FP y PRD

SANTO DOMINGO.-El Gobierno y 28 organizaciones políticas y 23 académicas firmaron este jueves el Pacto Nacional para la Formulación y Ejecución de Políticas de Estado frente a la situación de Haití, en medio de las tensiones por la construcción de un canal en el río Masacre.

El pacto, que abarca las políticas de Relaciones Exteriores, migratorias, fronterizas y económicas, tuvo como grandes ausentes a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD).

Durante el acto el mandatario dijo esperar contar siempre con el consenso nacional para una situación tan especial y crítica como la que estamos viviendo con Haití.

«Esta es una respuesta patriótica y no partidista, pero que en este tema estemos, aunque estemos divididos, la República Dominicana debe estar unida. Todavía espero que los partidos políticos que no están aquí presente, tener siempre las puertas y la sillas preparadas para cada uno de ellos para que participen en la toma de decisiones», expresó.

El gobernante advirtió que el país debe tener el consenso, sentido nacional y patriótico ante la situación crítica del vecino país, la cual explicó no será diferente en lo adelante.

De su lado, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Marino Vinicio Castillo “Vincho” calificó como una barbaridad la ausencia de los principales partidos de oposición en el tema de nación al que fueron convocados, el cual aseguró es sagrado.

“Es una barbaridad que el tema nacional que es sagrado y nos corresponde a todos, pueda ser perturbado por las maquinaciones electoreras que son subalternas. Hemos propuesto la unidad y aunque se peleen en todo lo demás, en ese tema estén unidos”, criticó Castillo.
Pacto

El pacto, cuyo documento abarca la política de relaciones exteriores, política migratoria, política fronteriza y política económica, tuvo una preparación de ocho meses y será llevado a todos los sectores de la vida nacional y se creará una comisión de seguimiento para que hayan modificaciones según la circunstancia de la crisis haitiana.

En lo que respecta a la Política de Relaciones Exteriores, la República Dominicana está dispuesta a estimular y respaldar a la comunidad internacional en el esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití, siempre y cuando las soluciones estén encaminadas a procurar la pacificación de Haití.

Además asistir económicamente a dicho país y su población, por medio de un plan de crecimiento y desarrollo, a mediano y largo plazo; incentivar su institucionalización; y garantizar el respeto de la integridad territorial y demográfica de las dos naciones que coexisten en la isla de Santo Domingo.

Los firmantes se comprometieron en promover en el ámbito internacional un plan de rescate y reincorporación del aparato productivo de Haití.

También a la sostenibilidad de su medio ambiente, a corto y mediano plazo, a modo del emblemático Plan Marshall que demuestre el interés de dicha comunidad internacional en el destino del pueblo haitiano.

Precisan que serán solidarios con todas las naciones amigas, incluyendo la República de Haití.
Precisa los firmantes que están conscientes de que es de mayor interés estratégico contar con un país limítrofe, seguro, estable y prospero.
Indican que la actuación dominicana seguirá pautada según los mandatos de su Constitución y de su ordenamiento jurídico en general, que incluye, además, los tratados internacionales de los cuales somos signatarios.

Así mismo asumen el compromiso de prevenir o evitar todo tipo de desencuentros que vulneren el derecho de ambos pueblos a coexistir de manera pacífica y con cabal respeto a su libre ejercicio de soberanía y autodeterminación.

Se comprometen a demás con la puesta en ejecución de los principios, políticas y acciones enumeradas en el pacto.

En tal contexto, la colaboración de la República Dominicana con diversos miembros de la comunidad internacional ha de ser reconocida y debe estar subordinada a que efectivamente estos asuman un compromiso con la pacificación, rescate y reconstrucción de Haití.

Estado de paz

Reconocen que se requiere colaboración internacional para lograr un estado de paz y de orden institucional en acciones enunciadas en el pacto que son promover el apoyo de otros gobiernos para que ayuden a la sociedad y organizaciones intermedias haitianas en la búsqueda de soluciones urgentes y sostenibles en ese país.

Enviarán misiones especiales al exterior, dirigidas a lograr un mayor compromiso de la comunidad internacional con respecto a la reconstrucción de un orden institucional conducente progresivamente a la gobernabilidad y el respeto de los principios y valores democráticos y libertades fundamentales del ser humano.

Fomentarán la cooperación Sur-Sur, por medio de los canales institucionales especializados para esos fines.
Ofertar, en ese tenor, la construcción y operación de tres hospitales en Haití -incluida la formación de su personal gerencial, médico y auxiliar-; además de otras obras estratégicas que impliquen aportes significativos, para reducir así la insostenible presión actual sobre los servicios públicos dominicanos; e invitar, al mismo tiempo, a otros países a realizar cada uno inversiones similares y/o superiores al aporte dominicano.

Instituirán un grupo de trabajo experimentado, multisectorial y multipartidario, que devenga en el núcleo precursor del
Instituto de Relaciones Dominico-Haitianas y que sea un órgano consultivo de los poderes públicos para fines de políticas públicas.

Insistirán en que el peso principal de la solución de la crisis en cuestión está en las instituciones de la sociedad haitiana, con el legítimo soporte de la comunidad internacional; y, por ende, no nos asiste otro interés que el de colaborar en esa tarea común, salvaguardando siempre las decisiones y mejores intereses procedentes de Haití.

Respaldan la actual política exterior dominicana, en el sentido de que se debe priorizar la pacificación de Haití con el rescate de su economía e institucionalidad, así como solidarizarse con el proceso de estabilización y próxima celebración de elecciones nacionales; todo condicionado a que la soberanía nacional dominicana no se vea afectada en el proceso.

La publicación con amplia difusión de un libro blanco, elaborado por especialistas, con explicaciones exhaustivas de la posición nacional dominicana, que sería la guía de acción del cuerpo diplomático y consular dominicano.

Política Migratoria

La República Dominicana enfrenta en la actualidad un fenómeno que dejó de ser solo un problema de migración, para convertirse también en un impostergable reto a la seguridad nacional y regional; reto que impacta, por su magnitud y complejidad, a su ordenamiento jurídico e institucional.

Y, por eso, en tanto que responsable primero y último de su orden constitucional y de sus compromisos internacionales, defiende en materia migratoria el principio de la debida regulación del ingreso y tránsito a través de sus fronteras, así como la permanencia y el libre desempeño del ejercicio laboral de nacionales extranjeros debidamente autorizados para habitar e interactuar en suelo dominicano, de conformidad con las disposiciones legales que rigen en todo el territorio nacional.

Indican que materializar esa política implica resaltar ciertos principios y valores irrenunciables en la legislación del país, así como respaldarlos consistentemente con actuaciones que a continuación enunciamos.

Precisan que poner en vigencia un efectivo marco regulador migratorio para salvaguardar y robustecer la articulación coherente y eficaz de los actores del Sistema Nacional de Migración, -ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo y Defensa, así como sus respectivas dependencias y relacionados- en todo lo relativo a la ejecución de la política migratoria y sus fundamentos en el territorio nacional.

Presentarán y publicaran de manera íntegra la auditoría que ha venido realizando el Ministerio de Interior y Policía al
Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) y aplicarlo exclusivamente a quienes se inscribieron en ese programa, de conformidad con las disposiciones de la legislación vigente.

Elaborar o revisar -entre otros-con sentido restrictivo los siguientes protocolos: el de control fronterizo y del ingreso de trabajadores urbanos y agrícolas; el que asegure su transporte; los instructivos que establezcan pormenores para identificarse los pasajeros terrestres; y el listado de empresas transportistas.

Reforzar, en función de lo establecido por ley, la coordinación y articulaciones operativas entre los ministerios de Relaciones Exteriores, de

Trabajo e Interior y Policía, y sus respectivas dependencias, así como el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), muy particularmente en lo que respecta al otorgamiento de visas a los trabajadores temporeros.

Ejercer, tanto el Consejo Nacional de Migración como el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, sus respectivas obligaciones, en estricto apego al orden jurídico establecido, en particular a la Ley General de Migración y su Reglamento de aplicación.

Desarrollar un programa de control biométrico de nacionales extranjeros para garantizar la seguridad nacional y ciudadana.

Toda la información recabada deberá ser compartida en una base de datos conjunta de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, Trabajo, Salud Pública, Agricultura, el Departamento Nacional de Investigaciones y sus respectivos órganos. Esta acción no implicará un programa de regularización de estatus migratorio.

Control fronterizo

Supervisar tecnológicamente desde la distancia, con cámaras o la forma más idónea a este propósito, al personal de campo responsable de labores de vigilancia de las fronteras terrestre y marítima nacionales.

Acompañar la valla fronteriza de dispositivos tecnológicos que minimicen el paso ilegal de personas, así como el tráfico de ilícitos en general, empleando incluso tecnología de observación satelital para una mejor y mayor cobertura de toda la región fronteriza.

Evaluar el desempeño de los agentes civiles y militares en el cumplimiento de sus tareas de control y regulación de los flujos en la zona fronteriza, estableciendo sanciones ejemplarizantes cuando correspondan, de conformidad con la ley.

Administrar un eficaz régimen de consecuencias que persiga y sancione a quienes mediante mecanismos y argucias promuevan, encubran o consientan cualquier tipo de corrupción, en correspondencia con lo previsto por la Ley número 137-03 de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, al igual que la Ley número 344-98 que sanciona la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio dominicano, así como las leyes que castigan la falsedad en documentos de identidad para atribuir nacionalidad dominicana a extranjeros.

Culminar por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso de modernización para la emisión de visas que garantice una mayor probidad en la emisión de estas.

Adoptar una política de visado consecuente con las realidades de la República Dominicana y las naciones desde las cuales recibe inmigrantes y turistas, entre otras medidas.