Santo Domingo.- La sentencia condenatoria contra la República Dominicana emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), por la desaparición forzada del catedrático universitario Narciso González, ha provocado distintas reacciones, unos la califican de injusta y otros como una vergüenza. Mientras que los familiares expresan contento por la misma.
El Gobierno calificó ayer de injusto y de una trama de sectores que buscan dañar económicamente al país el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenó a la República Dominicana a pagar 393 mil 200 dólares por su negligencia en la investigación tras la desaparición del catedrático universitario Narciso González (Narcisazo).
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchy), dijo que no es casual ese fallo, porque lo que buscan es alejar las inversiones para dañar al país.
La fiscal dice es vergüenza
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, calificó como una vergüenza para el país la condena de la CIDH por el caso de la desaparición de Narcisazo. La magistrada dijo que es un caso lamentable la condena de la Corte, que entendió que el país no hizo nada por esclarecer la desaparición del catedrático. Reveló que la investigación en el país sigue abierta y que la acción penal no se ha extinguido.
En tanto Altagracia Ramírez, esposa de Narcisazo, consideró que lo más importante de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es que ordena al Estado dominicano a continuar con la investigación del caso.
Al hablar en el Programa Cuentas Claras, Ramírez expresó satisfacción con la sentencia de la CIDH. Entiende que la desaparición del catedrático tiene que ver con su participación en una asamblea en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la cual tuvo una participación activa y denunció a policías y militares a los que el gobierno de Joaquín Balaguer les otorgó contratas millonarias sin ser ingenieros.
Es inapelable
El jurista Nasef Perdomo afirmó ayer que es inapelable la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el país por la desaparición del profesor Narciso González, ocurrida en mayo de 1994.