Santo Domingo.– El Gobierno dominicano defendió este viernes una nueva ley que reestructura el sistema nacional de inteligencia, aunque dispuso que dos altos cargos establezcan un diálogo con representantes de varios sectores que consideran que la normativa lesiona los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las autoridades nacionales destacaron en un comunicado que la Ley 1-24, que regula el Sistema Nacional de Inteligencia y convierte el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) en la Dirección Nacional de Inteligencia, es un “paso importante en nuestra lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, las ciberamenazas y la corrupción».

El Gobierno agregó que la ley proporciona al Ejecutivo la “herramienta legal necesaria” para combatir esos flagelos, pero dejó claro de que “estamos comprometidos con el diálogo y la transparencia” en este proceso.

En ese sentido, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el director del DNI, Luis Soto, han sido comisionados para reunirse con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD), la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) y otros sectores interesados, para “brindar explicaciones y recibir aportes».

Esas entidades han manifestado de que la nueva ley vulnera derechos fundamentales establecidos en la Constitución dominicana, como el que, aseguran, faculta a la DNI a llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en las bases de datos de las entidades públicas y privadas y acceder de manera automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones.

Asimismo, estiman que otros textos de la nueva ley parecen tener un contenido “difuso”, y que otros atentan contra la libertad de expresión e información, la intimidad y el honor. Ante estas preocupaciones, el Gobierno ha reaccionado hoy con su planteamiento de un llamado al diálogo, aunque considera que la ley cuestionada “no afecta derechos fundamentales».

El presidente del Colegio Dominicano de Periodista, Aurelio Henríquez, afirmó este viernes a medios de prensa que “es muy probable” que la ley sea sometida ante el Tribunal Constitucional, para que dictamine sobre las denuncias de entidades como la que preside.

El capítulo dominicano de la organización internacional Internet Society expresó ayer su oposición a la nueva ley de inteligencia en República Dominicana, al considerar que vulnera la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la privacidad y protección de los datos e informaciones personales.

Asimismo, que la nueva normativa entra en “contradicción” con una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, que ordena que para ser válida, toda solicitud para intervenir las comunicaciones y restringir el derecho al secreto y la privacidad, requiere de una ordenanza emanada de una autoridad judicial competente observando los principios de especialidad y proporcionalidad.