QUITO — El ministro de Gobierno de Ecuador dijo el miércoles que las autoridades no aceptan las condiciones impuestas por el sector indígena como requisito para iniciar diálogos encaminados a buscar una salida pacífica a las protestas que ya llevan 10 días y se han tornado violentas.

El líder indígena Leónidas Iza, al frente de cientos de manifestantes, dijo que “siempre hemos tenido apertura al diálogo, pero hemos dicho que los diálogos no pueden ser para burlarse del pueblo ecuatoriano” y advirtió que “ya no tenemos condiciones para seguir sobreviviendo, ni siquiera viviendo, por lo cual nos pareció trasladarnos a Quito, frente a los oídos sordos del gobierno”.

Aseveró que “venimos por los 10 puntos y regresaremos con esos 10 puntos” en referencia a una demanda que incluye la reducción del precio de la gasolina de 2,55 a 2,10 dólares por galón, la fijación de precios de los productos agropecuarios y presupuesto para educación intercultural, entre otros.

La noche del martes, Iza exigió al gobierno que previo a un diálogo elimine el estado de excepción en seis provincias -donde se han registrado los mayores hechos de violencia-, que desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde se encuentran en la capital y que les permitan llegar al parque de El Arbolito y la vecina Casa de la Cultura para concentrarse y mantener asambleas.

“No es el momento de poner más condiciones, no es el momento de exigir mayores demandas, es el momento de sentarse a conversar, estamos en el décimo día de paro“, dijo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a la red de televisión Teleamazonas. “Y no podemos seguir esperando, la capital no puede seguir esperando, el país no puede seguir esperando”.

“No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa la capital… primero hay que sentarse a conversar, a hablar, hay que poner los temas sobre la mesa”, señaló. Añadió que el gobierno del presidente Guillermo Lasso está dispuesto a acudir a una eventual negociación en cualquier fecha, lugar, hora con los mediadores que se designen a fin de llegar a un consenso.

Ante la situación, las embajadas de la Unión Europea, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, España, Italia, España y Suiza, en un comunicado público, expresaron “preocupación por los continuos disturbios en el país, especialmente porque afectan a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos” e invitaron a las partes al diálogo y “la concreción de acuerdos” encaminados a la reconciliación, pacificación y progreso.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó el miércoles su nivel de alerta para viajar a Ecuador y advirtió a los estadounidenses que reconsideren ir a ese país debido a los disturbios y la violencia.

La capital se mantenía virtualmente paralizada, con muy poco tráfico y buena parte del comercio cerrado.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, dijo en rueda de prensa que en la ciudad de Puyo, en la Amazonia, se registraron el martes las mayores hostilidades con turbas enardecidas “que en actos absolutamente irracionales, con explosivos, con armas ancestrales y con armas de fuego tipo carabina atacaron al personal civil y policial”.

Esa ciudad está 152 kilómetros al sureste de la capital y se han registrado 18 agentes desaparecidos y un civil fallecido. “Estaremos presentando la denuncia en Fiscalía ante estos actos irracionales, que no son protesta social”, añadió.

Las universidades, la Iglesia, la delegación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos -entre otras 300 instituciones- hicieron pública una invitación al gobierno y a los indígenas para “llegar a acuerdos que permitan enfrentar la grave crisis económica, social y política que atraviesa Ecuador”.

Desde el 14 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas mantiene un paro nacional por tiempo indeterminado que ha afectado especialmente a seis provincias del centro norte ecuatoriano.

Las protestas se han caracterizado por violentos bloqueos intermitentes de las principales vías de seis provincias mientras en la capital grupos de manifestantes recorren la ciudad agrediendo a vehículos y civiles y obligando a los negocios a cerrar, algunos de los cuales fueron saqueados.

Durante la jornada del martes los manifestantes también atacaron el edificio de la Fiscalía General, con funcionarios en su interior, y ocuparon pozos e instalaciones petrolíferas que obligaron al Estado a declarar estado de fuerza mayor para evitar demandas por no entregar los embarques de petróleo, el principal producto de exportación del país.