Desde hace algunos años es lugar común afirmar la necesidad de una nueva ola de reformas judiciales para hacer avanzar un proceso a todas luces estancado.

La designación del magistrado Luis Henry Mejía en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia da pie a la esperanza de que esto ocurra, dada su experiencia como colaborador de Jorge Subero Isa cuando este ocupó la misma posición en 1997.

Son muchas las propuestas sobre las vías que pueden seguirse para reanudar el camino de la modernización de la Justicia; buena parte de ellas representan ambiciosas reformas legales o institucionales.

Sin restarles transcendencia, es también fundamental prestar atención a las pequeñas cosas, porque la suma de estas define el sistema de justicia como un todo.

Las condiciones materiales en las que se desenvuelve el sistema de justicia son más que precarias y afectan sus resultados. Parte el alma, por ejemplo, que pese a la importancia de las fotocopias para el proceso, no exista en los palacios de Justicia un centro al que los usuarios puedan acudir.

Casi siempre tienen que salir fuera, en ocasiones abandonando sus diligencias sin concluirlas.

Muchos tribunales tampoco tienen estas facilidades a su disposición. Existen jurisdicciones en las que esta carencia constituye uno de los factores que explican que las citaciones de sentencias y dictámenes a cargo del tribunal tarden meses y a veces años. Esto ralentiza la Justicia y abona el descontento y la desconfianza en el sistema.

También están las propias salas de audiencias. Ya “el furgón de la Charles” es internacionalmente famoso, porque es allí donde se han conocido las medidas de coerción de los imputados en el intento de asesinato a David Ortiz.

Lo que quizás no muchos sepan, es que hace pocos años en ese lugar murió un abogado en pleno ejercicio de la profesión. Muy probablemente, al deceso contribuyeron las terribles condiciones en las que trabajan jueces, fiscales y abogados.

Las circunstancias laborales de los jueces y del personal administrativo que les apoya son también fundamentales. Ese tema por sí mismo merece un artículo, o muchos.

Aunque hay sectores sociales que prefieren las reformas que no cuestan dinero, la verdad es que para que el sistema de justicia funcione no solo se necesita buena voluntad, sino también recursos.

El Consejo del Poder Judicial debe exigir desde ahora que el Presupuesto General del Estado refleje las necesidades reales de la Justicia y sus usuarios.